Media docena de altos cargos de la Junta se desvinculan de empresas tras su nombramiento

Así se desprende de la información consultada hasta la fecha en el Boletín oficial del registro mercantil (Borme), aunque hay que tener en cuenta que hay casos en los que la publicación se produce semanas después de los cambios societarios.

Entre los miembros del Consejo de Gobierno destacan los casos de la consejera de Cultura y portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, y de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Ambas han abandonado sus puestos de consejeras en la Caja Rural de Extremadura, como se recoge en un anuncio publicado el pasado 5 de septiembre.

Bazaga también se ha desvinculado de la empresa Formación Informática, Consulting y Asesoramiento, en la que ha cesado como administradora única. Ese puesto ha sido ocupado por un familiar, tras lo que se ha producido la extinción de esta sociedad.

En cuanto a otros altos cargos de la Administración regional, la secretaria general de Empleo de la Consejería de Economía, Celia Derecho, ha cesado como administradora solidaria de las empresas Familia Derecho y Felipe Derecho y Hermanos. En ambos casos se trata de negocios familiares dedicados a la comercialización y explotación de productos agrícolas y especialmente al comercio al por mayor de frutas y verduras. La propia página web de la Junta de Extremadura recoge las funciones de dirección que ha realizado Celia Derecho en ese sector.

También destaca la actividad empresarial del nuevo director general de la empresa pública Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano Calle. El Borme publicó a finales de septiembre su cese como administrador único de Top Tres Comunicación, en la provincia de Cáceres y dedicada a la edición de libros, y como administrador solidario de Capacitas Servicios Integrales, radicada en Cádiz y centrada en el sector de la limpieza.

Hay un caso especialmente significativo, el del nuevo secretario general de Cultura, Francisco José Palomino Guerra. Se trata de una persona muy conocida en el sector por haber dirigido el Festival de Teatro de Alcántara a través de su empresa, Atakama Creatividad Cultural.

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura puso su caso como ejemplo de una posible incompatibilidad, ya que esta compañía recibió el pasado verano una subvención de 38.500 euros de la Consejería de Cultura para un festival de títeres y marionetas. Pero esa ayuda se aprobó quince días antes del nombramiento de Palomino. Además, justo un día después de que el PSOE expusiera estos hechos el Borme publicó su cese como administrador y socio único de Atakama, un acuerdo que se había formalizado semanas antes.

Otro alto cargo de la Consejería de Cultura, el secretario general, José Luis Gil Soto, también ha abandonado el puesto de administrador único de GS Gavia. Esta sociedad fue constituida en el año 2021 y tiene como objeto social la producción, comercialización y transformación de productos agrarios, por lo que no guarda relación con su nueva responsabilidad en la Junta, sino más con su profesión como ingeniero agrónomo y empleado público (también fue director general en la Consejería de Agricultura).

Por último, Ana Isabel Domínguez Pardo, la directora general de Turismo, cuenta con años de experiencia en el sector de la gestión de proyectos y la capacitación empresarial a través de la consultora Beinn Project Management, creada en Castilla-La Mancha pero con actividad en Cáceres. A finales de septiembre se publicó su cese como administradora única.

La Ley del Gobierno y de la Administración de Extremadura establece que el cargo de presidente o presidenta de la Junta es incompatible «con cualquier actividad profesional o empresarial». Este precepto se aplica con el mismo alcance para las personas al frente de las consejerías, las secretarías generales, las direcciones generales y otros cargos que sean nombrados por el Consejo de Gobierno.

El régimen de incompatibilidades quedó más definido en 2014 con la Ley de regulación del estatuto de los cargos públicos de Extremadura. Esa norma establece que estos puestos son incompatibles con el desempeño, por sí o por personas interpuestas, de cargos y funciones de todo orden en empresas o sociedades relacionadas con el sector público autonómico como concesionarios, contratistas de cualquier naturaleza, arrendatarias o administradoras de monopolios, o sean subcontratistas de dichas empresas.

Tampoco podrán ejercer cargos de dirección, representación o asesoramiento en toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, consorcios o fundaciones, aunque no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.

Asimismo, la labor pública es incompatible con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos cuando se trate de asuntos que sean competencia de las Administraciones públicas.

Además, esta ley recoge que los cargos públicos extremeños están obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en que hubiesen intervenido particularmente, o que interesen a empresas y sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración tengan parte.

Tampoco pueden intervenir en el conocimiento o decisión de asuntos que afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión. Por tanto, estas limitaciones no abarcan solamente la participación en empresas como socios, consejeros o administradores, sino también las labores de dirección. De ahí que el PSOE extremeño haya pedido información sobre cuatro altos cargos de la Junta por la vinculación entre su puesto actual y la labor profesional que ejercían antes de su nombramiento. En su opinión, deberían haber presentado escritos de inhibición. El Gobierno regional ha replicado que sólo deben tramitarse ante casos concretos.

Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han criticado igualmente la derogación del precepto legal aprobado en el año 2019 que obligaba a los altos cargos a comparecer en la Asamblea de Extremadura antes de su nombramiento, lo que a su juicio permitía evaluar posibles causas de incompatibilidad.