El juzgado rechaza la petición de Educación de obligar a las empresas a cubrir las rutas escolares

Primer revés en los juzgados para la Consejería de Educación tras la denuncia contra las empresas de transporte que se niegan a cubrir las rutas escolares adjudicadas de manera directa, tras quedar desierta la licitación.

Una situación que ha provocado que este jueves más de 5.000 alumnos extremeños hayan iniciado el curso sin un medio de transporte para llegar a sus colegios o institutos. La inmensa mayoría de las empresas adjudicatarias de las 223 rutas que quedaron desiertas en el concurso no han realizado el servicio. A pesar del contratiempo, muchos de los alumnos afectados han llegado a las aulas gracias a un plan B improvisado por las familias: acudir en vehículos particulares conducidos por padres o madres.

En este escenario, el Gobierno regional denuncia amenazas, coacciones y presiones «de un grupo minoritario que está tratando de alterar los precios del servicio».

Tras la denuncia de la Junta para intentar forzar a las empresas a cubrir los trayectos entre los pueblos y los centros educativos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mérida se ha pronunciado este primer día de curso y ha emitido un auto en virtud del cual no procede establecer la medida cautelar solicitada por la Junta. Zanja así la solicitud tras analizar los argumentos de la Administración educativa en su denuncia. Considera el juzgado que «no constan indicios de criminalidad fundados que justifiquen adoptar la medida cautelar». Y dice textualmente: «Los hechos expuestos por la denunciante -la consejera Mercedes Vaquera- se fundan en ciertas conjeturas por la Administración que están por determinarse en la fase instructora». Por otro lado, entiende el juzgado de instrucción que no concurre proporción entre los hechos denunciados y la medida solicitada.

De esta forma, indica que «no resulta proporcionado imponer a las empresas denunciadas el cumplimiento de unos servicios de transporte respecto del cual no son adjudicatarias».

Los presuntos hechos delictivos relatados en la denuncia presentada por Educación hacen referencia a un «supuesto acuerdo adopotado por las empresas para una alteración de los precios fijados» por la Administración en el acuerdo marco para las distintas rutas.

En el auto el juzgado responde a la Junta que la medida cautelar solicitada «no es la única opción posible» para garantizar las rutas escolares no adjudicadas. «La Administración dispone de recursos administrativos para garantizar el derecho de trasporte escolar como complemento, en determinadas circunstancias, del derecho de educación, sin perjuicio de poder instar acciones civiles o contenciosos administrativas en orden a reparar posibles perjuicios ocasionados a la misma».

Hay que recordar que en el proceso de licitación, 242 de las 579 rutas de la región se quedaron sin adjudicar, tras lo que el Gobierno regional recurrió a una convocatoria extraordinaria que permitió firmar 19 contratos. De esa forma, quedaban pendientes 223, y la consejera de Educación anunció el miércoles que se había aprobado una resolución para adjudicarlas de forma directa a transportistas de la región.

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