La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad

Más de 250 trabajadores de Administración General han demandado a la Junta en los juzgados de lo Social para exigir que les abone la indemnización que consideran que les corresponde por cese. Pero en las dos primeras sentencias ya dictadas, la justicia da la razón a la Junta y avala el impago de las indemnizaciones a trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad en el proceso de estabilización.

En ambas sentencias, del juzgado de lo Social de Plasencia, se determina que estos trabajadores no tienen derecho a indemnización. Se trata, en ambos casos, de personal laboral temporal que vio finalizado su contrato de trabajo con motivo de la obtención de otro puesto en el marco de los procesos de estabilización. La Junta decidió no indemnizarles tras su cese en el puesto que venían ocupando y la justicia confirma su actuación.

Los fallos judiciales explican que el demandante «es personal laboral fijo de la Junta de Extremadura al haber superado el proceso selectivo de estabilización convocado por Orden de 23 de diciembre de 2022, prestando sus servicios en la categoría profesional de (......) y, como consecuencia de ello, fue cesado en su puesto como indefinido no fijo en fecha 30 de abril de 2025, incorporándose a su nuevo puesto en fecha 1 de mayo de 2025, en la condición de personal laboral fijo». Esta situación, continúan las sentencias, «evidencia una unidad de vínculo contractual que conduce a concluir que la finalidad que cumple la indemnización por despido que se le reconoce al trabajador, que no es sino la compensación por su pérdida de empleo, queda a todas luces desvirtuada».

Es más, amplían las sentencias, «debemos de añadir a lo expuesto que no podemos considerar que la terminación de la relación laboral se corresponda con un despido, toda vez que el cese del actor en su puesto de trabajo se produjo al haber conseguido la estabilización en otro puesto de trabajo de la misma categoría profesional y grupo al que ocupaba, convirtiéndose en personal laboral fijo».

Los fallos dictados, no obstante, no son firmes y los servicios jurídicos de USO, sindicato que ha tramitado las más de 250 demandas, ya los están recurriendo. La central mantiene que los trabajadores deberían haber cobrado una indemnización al ser cesados. «Un cobro que debe producirse en el momento en que son cesados del puesto de trabajo en el que estaban, hayan o no logrado después una plaza en la estabilización», defiende Luis Manuel Gil, coordinador regional de USO.

La mayor parte de las demandas corresponden a trabajadores que han estabilizado. Son una minoría las presentadas por parte de empleados que han sido cesados y no han logrado una plaza en propiedad. «En estos casos se ha recurrido a la vía judicial porque las cuantías abonadas no son las que les corresponden», dice Luis Manuel Gil.

En cualquier caso, «vamos a recurrir los fallos de primera instancia al TSJEx y, si la respuesta es la misma, llegaremos hasta el Supremo. La jurisprudencia del alto tribunal determina que hay que abonar una indemnización al trabajador que sea cesado, logre o no una plaza fija».

La vía judicial es la elegida para reclamar estas indemnizaciones para el personal laboral de la Administración General y no se descarta tomar la misma en el caso de los funcionarios. «Está ocurriendo lo mismo, no se están abonando los ceses; por el momento hemos presentado recursos de reposición ante la propia administración, pero si no obtenemos respuesta, acudiremos al contencioso-administrativo».

A juicio de esta central, «la manera restrictiva en la que la Junta está interpretando lo recogido en la norma respecto al pago de las indemnizaciones, con el objetivo de ahorrar lo máximo posible, es lo que está derivando en una cascada de demandas en los juzgados», en palabras del coordinador de USO. Pero de momento la justicia ha dado la razón a la Junta avalando el impago de las indemnizaciones por cese a trabajadores que han estabilizado en la oposición extraordinaria.

Un proceso, cabe recordar, que no ha finalizado aún porque todavía quedan plazas por adjudicarse. El hecho de que la participación en el proceso se pudiera realizar por cualquiera de los dos sistemas, concurso-oposición y solo concurso de méritos, y optar a más de una categoría, ha provocado que la elección después por una única plaza de las logradas haya dejado otras vacantes. Además, se han producido renuncias a las plazas de media jornada y en otros casos los adjudicatarios iniciales no cumplían los requisitos.

Es el motivo por el que la Consejería de Hacienda y Administración Pública debe realizar segundos llamamientos para adjudicar las vacantes que restan. Según los datos de USO, son más de 300 las vacantes que hay a día de hoy, tanto de personal laboral como de funcionario, tanto por el concurso-oposición como por méritos. «La Junta tiene que hacer un segundo llamamiento para cubrirlas. Está previsto que se lleve a cabo el de funcionarios en lo que resta de año, pero que el de personal laboral se retrase hasta el próximo, por lo que la estabilización sigue sin finalizar».

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