La Junta recurrirá ante el Gobierno la decisión de demoler la presa de Valdecaballeros

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, se han reunido esta mañana con el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez, y las regidoras de Castilblanco y a Alía, María de los Ángeles Merino y Cristina Ramírez. El municipio cacereño de Alía tiene parte de su término municipal en la zona que abarca el pantano de Valdecaballeros.

Los alcaldes había reclamado la intermediación y el apoyo de la Junta tras conocerse la semana pasada la resolución de la Dirección General del Agua. Había resuelto que las concesiones hídricas otorgas a Endesa y a Iberdrola para ese embalse con destino a la central nuclear de Valdecaballeros quedaban extinguidas definitivamente décadas después de que ya se supiera que la instalación nuclear nunca se iba a poner en marcha. Pero el Gobierno ha ido mucho más allá que eliminar la concesión. Obliga a que se derribe la presa de Valdecaballeros.

Con una capacidad que ronda los 13 hectómetros cúbicos, tiene un muro de 400 metros de largo. Eso es lo que ahora la Dirección General del Agua ordena demoler por la petición de dos asociaciones ecologistas, Ecologistas en Acción y Ríos con Vida, y un club deportivo de caza y pesca de Béjar (Salamanca) llamado Peña de la Cruz.

La postura del Gobierno regional es clara: prepara un recurso ante la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ordena la demolición de la presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo «al ser parte interesada en el procedimiento y no haber sido consultadas sobre esta decisión».

La resolución elimina las concesiones, pero también ordena el derribo de la presa, sin haber consultado a la Junta de Extremadura, que es la actual propietaria de los terrenos de la central nuclear, explica el Ejecutivo regional en nota de prensa. También señala esta resolución que las tomas para el abastecimiento de las dos poblaciones se trasladen al pantano de García de Sola, algo que rechazan las localidades al ser una zona de más problemas para contar con agua segura y de calidad.

Como ya contó HOY el sábado pasado, los alcaldes de la zona han manifestado su preocupación por el derribo de la presa. Señalan, de un lado, el daño medioambiental que puede producir a la fauna y flora existente en el entorno, pero también por el riesgo del abastecimiento para la población, «ya que el traslado de las tomas de agua, de producirse, conllevaría un recurso de menor calidad».

El Ejecutivo extremeño comparte con los ayuntamientos que el daño medioambiental para las especias de la zona puede ser «irreversible, más cuando existen otras alternativas al derribo que deberían estudiarse antes de tomar una decisión definitiva».

Por este motivo, la Junta de Extremadura defenderá junto a Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, los intereses de estos municipios y de sus habitantes, explica el Gobierno extremeño.

Pilar Blanco-Morales y Olga García han trasladado un mensaje de tranquilidad a la población de estas localidades. «El Ejecutivo autonómico hará todo lo posible para evitar que se tomen decisiones que no sean las más adecuadas y para que el suministro a sus pueblos esté garantizado», sentencia la Junta.

La Junta de Extremadura concluye que es necesario que la decisión que se adopte sobre este asunto «cuente con el mayor consenso posible».