La Junta reconoce que es un reto construir 3.000 viviendas protegidas en dos años

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, ha defendido en el pleno de este jueves el proyecto Habita Extremadura, que propone edificar 3.036 viviendas protegidas de régimen especial en los dos próximos años con una inversión de más de 400 millones de euros y la financiación de bancos de la región, que ofrecerán a los compradores la posibilidad de subrogarse en sus hipotecas. Las dos primeras promociones ya están en marcha, 200 pisos de 60 y 80 metros cuadrados en Cáceres y 16 unifamiliares en Zafra, con precios que oscilan entre 120.000 y 140.000 euros.

Manuel Martín ha señalado que con este plan se pretende afrontar «la emergencia de vivienda» que vive el país, para lo que se pondrá en uso suelo público de la Administración regional y de municipios de la región «de distinto signo político».

Además, ha destacado que las políticas de la Junta no sólo van por el lado de la oferta, como en este caso, sino también por la demanda, con ayudas a la entrada y medidas de éxito como el aval joven. Todo con el objetivo de que las familias extremeñas puedan acceder «a una vivienda digna y asequible en nuestra tierra».

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, ha señalado que es la primera vez que el Gobierno reigonal de María Guardiola reconoce que hay una situación de emergencia en materia de vivienda en la región. Pero ha criticado que la Junta tiene una escasa participación, ya que ni siquiera aporta todo el suelo y las adquisiciones serán financiadas en un 80% por los bancos y en un 20% por los compradores. Además, ha indicado que el plan regional plantea dos años de obras. «¿Qué hacemos ahora con los jóvenes y las familias?», ha apuntado.

También ha preguntado por este plan el diputado socialista Fernando Rodríguez, quien considera que se trata de «una farsa», ya que las 216 viviendas en marcha fueron anunciadas el pasado año por la empresa pública Urvipexsa con el nombre de otro plan, NeoEx. Además, ha apuntado que en febrero salió a concurso la redacción del proyecto para un centenar de los 200 pisos anunciados en Cáceres. En el mejor de los casos, estima que las obras no empezarán hasta septiembre, con lo que no concluirán en dos años. Asimismo, ha incidido en que en esa zona de la ciudad se venden viviendas protegidas similares por el mismo precio a pesar de que no se trata de suelo público. «La vivienda pública no puede ser un pelotazo, sino un derecho», ha añadido.

El consejero de Infraestructuras ha replicado que hay que movilizar suelo público para bajar el precio de la vivienda, a lo que hay que añadir cambios en la ley del suelo y la ley de vivienda, ya que considera que «no es de recibo la política intervencionista del Gobierno de España»:

También ha señalado que una vivienda protegida nueva vale más de 80.000 euros, aludiendo a la propuesta del PSOE de construir pisos con ese precio.