La Junta recaudará 1,7 millones menos al elevar los límites de renta de sus deducciones

La presidenta extremeña, María Guardiola, anunció esta medida en el debate sobre el estado de la región celebrado a finales de junio en el Parlamento regional. Según expuso, el Gobierno autonómico quiere unificar los límites de renta establecidos en las deducciones autonómicas, que condicionan qué contribuyentes pueden acogerse a este beneficio fiscal. La intención es elevar esos topes a 30.000 euros en casos de tributación individual y 55.000 en conjunta. Aunque no lo especificó, estos valores se suelen referir a la base imponible, que es la suma de todos los ingresos y rentas del contribuyente.

El IRPF es un tributo gestionado por el Gobierno central, que transfiere la mitad de la recaudación a las comunidades autónomas. Pero los territorios tienen capacidad normativa sobre el porcentaje que les corresponde. En concreto, pueden modificar los tramos de la tarifa y el mínimo personal y familiar, que es la parte exenta de tributación. Asimismo, pueden operar sobre las deducciones, con las que cada región ha adaptado el impuesto a las características de su población.

Actualmente, Extremadura cuenta con 19 deducciones autonómicas. Muchas de ellas establecen unos límites de renta para poder aplicarlas en la declaración, lo que limita su alcance. Algo que lamentó la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el inicio de la campaña de este año. En aquel momento adelantó que el Gobierno regional estaba estudiando revisar los topes de estos beneficios fiscales para aumentar su aplicación.

Por ejemplo, las deducciones destinadas a compensar los partos múltiples, la compra de material escolar y el cuidado de familiares con discapacidad, entre otras, exigen disponer de unas bases de menos de 19.000 euros en tributación individual y 24.000 en conjunta. Esos límites se elevan a 28.000 y 45.000 euros, respectivamente, en el caso de residentes en localidades de menos de 3.000 habitantes. Estos mismos topes son los que se aplican en los beneficios aprobados o modificados más recientemente, como la deducción por arrendamiento de vivienda habitual y la rebaja del 15% de la cuota íntegra para habitantes en zonas rurales.

Estos topes han quedado desfasados, sobre todo tras las subidas de sueldos de los últimos años y las revisiones del salario mínimo. Es el caso de la deducción por cuidado de familiares con discapacidad, que en la declaración de 2023 sólo se aplicaron 115 contribuyentes en la región. En total, menos de 60.000 de 555.000 declarantes extremeños se acogieron a alguno de los beneficios regulados por la Junta. Apenas supusieron una rebaja de 9,9 millones de euros, a una media de 167 euros. Y el ejercicio anterior el efecto fue aún menor, de 7,14 millones.

Aumentar los máximos de renta implicaría ampliar el número de posibles beneficiarios. Pero no sólo en las deducciones con los topes más bajos, 19.000 en tributación individual y 24.000 en conjunta, sino también en las más que tienen límites más altos, que por su redacción actual llegan a muchos extremeños, como la rebaja del 15% para residentes en localidades de menos de 3.000 habitantes y la reducción por el alquiler de la vivienda habitual.

Según indica la Consejería de Hacienda, el impacto estimado de la ampliación de los límites de renta para la aplicación de los beneficios fiscales es de 1.687.000 euros. Una medida que se sumaría a las rebajas realizadas en los últimos años, entre ellas la modificación de la tarifa autonómica que se aprobó en 2023.

Pero para aplicar esta nueva rebaja se debe aprobar en una norma con rango de ley, ya sea una ley específica o un decreto-ley. En ambos casos tiene que contar con el visto bueno del Parlamento regional, donde el PP no tiene mayoría. Algo que quedó en evidencia en el propio debate sobre el estado de la región, en el que esta iniciativa, anunciada por Guardiola y presentada por los populares en forma de propuesta de resolución, no recibió el apoyo de Vox ni del PSOE y por tanto no salió adelante.

La Consejería de Hacienda señala que la intención del Gobierno regional es incluir esta nueva reforma fiscal en la Ley de Presupuestos de 2026. Algo que, por otro lado, evidencia que el Ejecutivo autonómico trabaja en el proyecto de cuentas del próximo año y que su intención es volver a negociar su aprobación con los grupos parlamentarios, algo que no consiguió para este ejercicio.

«Esperamos que los grupos apoyen esta medida por el bien de los ciudadanos extremeños y que, a pesar de lo que sucedió en el Parlamento, finalmente sea aprobada», apunta Hacienda sobre el rechazo que se produjo en el debate sobre el estado de la región.