La Junta aplaza pedir la disolución del Ayuntamiento de Alburquerque
La consejera Pilar Blanco-Morales ha dicho en la Asamblea que la situación es extrema y el resto de partidos le ha pedido más contundencia para atajar la crisis del municipio
La consejera de Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha anunciado que la Junta de Extremadura aún no pedirá la disolución del Ayuntamiento de Alburquerque, si bien lo valora desde hace tiempo basándose en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Este aplazamiento ha resultado menos contundente de lo que se esperaba, según expresaron después los partidos políticos Unidas por Extremadura, Ciudadanos y Partido Popular. Las razones para tomar esta decisión las acaba de explicar la consejera en el pleno de la Asamblea, donde pidió comparecer para explicar las actuaciones de la Junta en este municipio pacense (5.200 habitantes) «para ayudar a solventar el grave problema institucional y financiero del Ayuntamiento de Alburquerque». Antes de finalizar, en su segunda intervención pidió a los ediles del gobierno local que dimitieran para facilitar un plan de ajuste.
Blanco -Morales ha relatado esta mañana todos los requerimientos, empezando por el Ministerio de Hacienda, realizados al Consistorio desde 2017 para corregir las desviaciones advertidas en materia presupuestaria y financiera y ha puesto de manifiesto que «el reiterado incumplimiento no debe quedar impune». Por ello, ha planteado que la situación de la localidad podría llevar a ejecutar «medidas extremas», como disolución de la Corporación como último recurso, «algo solo se ha usado una vez en nuestra democracia (Marbella en 2006)», ha recordado.
La ley
-
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada en 2003) «Artículo 61.1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. 3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.»
La consejera ha apuntado la cantidad de trabajadores municipales que no cobran hace meses y las facturas no cobradas en plazo por proveedores del Ayuntamiento y habló de que valoran pedir la disolución «por la preocupación y por el bienestar y convivencia de los vecinos», pero no dijo finalmente que haya dado formalmente este paso, como algunos grupos políticos esperaban, sino que se está esperando a los resultados de los últimos requerimientos para que se ejecute un plan de ajuste.
La Junta actuará dentro de su margen legal de actuación, ha dicho Blanco-Morales, quien ha declarado «que la autonomía municipal impone prudencia, pero esta mesura no nos puede hacer perder el sentido de la realidad». Por ello, ha anunciado la creación de «un foro informal pero resolutivo» para que Alburquerque vuelva a la normalidad financiera e institucional en el que participarían Gobierno, Diputación y Junta de Extremadura.
Noticia Relacionada
Directo | Vara afirma que no renuncia a la construcción de la A-43
La consejera culpó de la situación a «la pésima gestión de los responsables municipales». Hay que recordar que en este consistorio salió ganador de las elecciones del 2019 el PSOE con 9 de 13 concejales, pero este año fue expulsada del partido la alcaldesa Marisa Murillo, y todos sus ediles menos dos han dimitido, por lo que está a punto de perder la mayoría en la corporación.
Réplicas del resto de partidos
El diputado de Unidas Podemos, Álvaro Jaén, ha dicho que esperaba más firmeza para actuar y que la actual alcaldesa, Marisa Murillo, está tomando medidas propias de la derecha. Después, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha pormenorizado todos los despropósitos en la gestión municipal desde el anterior alcalde socialista, Ángel Vadillo (hoy coordinador al estar inhabiltado para concurrir a las elecciones), recordando la deuda de 11 millones de euros, las más de 7.000 hectáreas públicas embargadas por un banco o cómo Iberdrola corta la luz a menudo en instalaciones municipales, entre otros hechos que tienen sumida a la población en la crisis actual.
El diputado del Grupo Popular Saturnino López ha seguido enumerando en el pleno episodios recientes, como el cierre este verano de una residencia de mayores, y pidió a la consejera «que se aplique la ley y que afronte con prontitud el problema». Tampoco ha pasado por alto que la actual alcaldesa llevaba las siglas de la elecciones en las elecciones y ha dicho que «ahora el ayuntamiento está hundido y enfangado al más puro estilo socialista negligente».
Por último, ha intervenido el diputado del Grupo Socialista Manuel González. Ha señalado que la intervención minutos antes de la consejera ha sido «clara, concisa y transparente», y ha recalcado que «la Junta, el Gobierno y la Diputación han estado en todo momento preocupados por la situación y por buscar soluciones» antes de añadir que buscarán la colaboración de las personas que están al frente del ayuntamiento de Alburquerque, donde «existe un proyecto político agotado» y cree que es el momento de marcharse, «no de realizar una huida hacia adelante». Para salir del bloqueo nombró al único concejal que queda adscrito al PSOE, Juan Carlos Prieto y apuntó la necesidad de «fortalecer la convivencia del municipio para que las familias dejen de sufrir».
