La Junta decide personarse como acusación particular en el caso UPA

La investigación contra UPA-UCE se inició en 2016 tras recibir una denuncia de un agricultor. El 2 de noviembre de ese año la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres llevó a cabo una operación que culminó con la detención de siete personas, entre ellas la cúpula de la organización agraria en la región.

Según los primeros indicios, la entidad había creado un sistema de gestión de las ayudas al asesoramiento agrario, financiadas con fondos europeos, destinado a obtener fondos para su funcionamiento interno. La Guardia Civil estimó que de esa forma obtuvo 1,8 millones entre 2013 y 2015 procedentes de 5.500 expedientes de 1.800 afiliados a los que se facilitaría la forma de pago sin que el servicio se prestara en las condiciones adecuadas. Este mecanismo también habría estado en funcionamiento en la convocatoria de 2010 a 2012.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado emeritense que instruye esta causa decretó el ingreso en la cárcel de Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, y Maximiano Alcón, secretario de Organización. Permanecieron en prisión provisional hasta febrero de 2017. Durante ese tiempo, la investigación se amplió a más trabajadores de la entidad.

Después de la operación judicial de noviembre de 2016 la Consejería de Medio Ambiente inició una auditoría sobre el periodo 2013-2015. Sin embargo, se paralizó después de que el juzgado solicitara toda la documentación sobre las ayudas de asesoramiento agrario concedidas de 2010 a 2015. También reclamó información sobre las inspecciones realizadas.

La Junta aportó 7.400 archivos y un informe que, según UPA-UCE, demostraba que no hubo fraude. En concreto, señalaba que no era necesaria la presencia de los técnicos en las explotaciones para realizar la labor de asesoramiento y que un 25% de las solicitudes fueron objeto de inspección. Para la entidad, esto despejaba las dudas sobre la prestación de un servicio que ya había sido auditado por la Administración regional.

La investigación tomó una nueva vía en el verano de 2017, cuando el juzgado citó como imputados a cuatro funcionarios de la Junta de Extremadura por el trabajo de inspección y control que debía desarrollar la antigua Consejería de Agricultura. Esto implicaba poner la lupa sobre la labor realizada por la Administración regional.

Sin embargo, tras tomar declaración a estos trabajadores el juzgado decidió archivar el procedimiento en su contra debido a que no se hallaron indicios de que participaran en el presunto fraude.

Una vez despejada la posible responsabilidad de la Junta o de algunos de sus trabajadores, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido personarse como acusación particular.

Algo lógico por otra parte, ya que, en caso de que se produzca una condena, UPA-UCE debería indemnizar a la Junta. Pero el objetivo no es participar en la investigación contra la entidad, sino conocer los pasos del procedimiento para actuar en consecuencia.