La Junta tendrá en cuenta la conducta para pagar el plus de carrera profesional

La Consejería de Hacienda y Administración Pública prepara un nuevo decreto regulador de la carrera profesional para el ámbito de Administración General (sanidad tiene su propia regulación y en educación se aplica otro sistema). Este complemento supone actualmente entre 65 y 131 euros al mes, en función de la categoría, y se configura en cuatro niveles. Al primero se accede a los cinco años de antigüedad y para el resto hay que esperar siete años en cada caso. En 2019 la Junta de Extremadura llegó a un acuerdo para empezar a reconocer y pagar el nivel 2, pero no se está cumpliendo en su totalidad.

Este nuevo decreto regulará el acceso a los distintos niveles. Su reconocimiento se podrá solicitar cuando se cumplan los criterios establecidos, de modo que ya no sería necesario esperar al sistema actual de convocatorias. Aunque para cobrarlo será necesario un acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos.

La Junta propone tres requisitos para pasar de nivel. Completar el periodo de permanencia que ya se exige en la actualidad (cinco años para el primer escalón y siete para el resto), obtener una puntuación mínima en un proceso de valoración y lograr un resultado positivo en la evaluación del desempeño.

El proceso de valoración incluye cuestiones como formación; transferencia, innovación y difusión de conocimientos; y la pertenencia a puestos de trabajo de especial desempeño, entre los que se incluyen los cargos de especial responsabilidad.

Pero la principal novedad es el procedimiento de evaluación de la conducta profesional y el rendimiento del trabajador, que será anual y corresponderá a la persona titular del servicio o responsable de la unidad administrativa de que se trate. Deberá elaborar un informe que podrá ser positivo o negativo y que determinará el paso al siguiente nivel de carrera. También se crea una comisión que será la encargada de resolver reclamaciones.

El rendimiento se medirá por la consecución de los objetivos que se fijen, los cuales podrán ser individuales o colectivos. El decreto señala que deberán ser concretos, medibles y realistas, de modo que sean coherentes con las funciones encomendadas.

En cuanto a la conducta, se hará especial incidencia en la iniciativa y compromiso con la organización, la capacidad de solucionar posibles conflictos, la colaboración y cooperación con los compañeros de trabajo, la contribución a un adecuado clima laboral, el mantenimiento voluntario del rendimiento, la calidad del trabajo y el uso adecuado y eficiente del tiempo.

Estas y otras  cuestiones se dejan en manos de un desarrollo posterior. Por ese motivo, el decreto establece que, hasta que no se habiliten los medios para la evaluación del desempeño, no será necesario obtener un resultado positivo para avanzar en la carrera profesional.

El proyecto de decreto ha sido negociado con los tres sindicatos con representación en la mesa general de la Junta, pero aún hay cuestiones que generan rechazo.

Miguel Díaz, de CSIF, estima que el texto incluye cuestiones muy subjetivas, como la evaluación de la conducta. También lamenta que se puntúen las ponencias en cursos y las publicaciones, lo que a su juicio favorece a las categorías más altas.

Por ese motivo, aboga por simplificar el acceso al nivel 1 y que no sea necesario esperar al desarrollo del nuevo decreto. Además, critica que se vincule una evaluación positiva con la permanencia en un puesto obtenido por concurso, ya que puede vulnerar la promoción interna.

Esther Ávila, de CC OO, también cuestiona que corresponda al jefe inmediato la evaluación del desempeño en cuestiones como la conducta del trabajador, lo que puede suponer un problema en casos de enemistad. Pero reconoce que la comisión que propone el decreto permitirá un proceso de revisión para evitar injusticias.

Asimismo, indica que la evaluación del rendimiento puede ser subjetiva, por lo que confía en continuar con la negociación con la Junta y en el desarrollo posterior del decreto.

Por último, María Ángeles Rodríguez, de UGT, incide en señalar que tener en cuenta la conducta del trabajador es demasiado subjetivo, ya que depende de quién evalúe y qué criterios sigue, algo que habría que definir en el desarrollo posterior.En su lugar, plantea la posibilidad de autoevaluaciones, ya que afirma que es el sistema que se lleva a cabo en el ámbito sanitario.

Junto a esto, critica que el acceso a un nuevo nivel dependa de un último informe favorable, aunque los anteriores hayan podido ser positivos.