La Junta aplicará la subida del 2% pero congela la carrera profesional

La Junta de Extremadura aplicará la subida salarial del 2% comprometida para el presente año, pero congela el pago de la carrera profesional y volverá a 19 horas lectivas semanales en Secundaria a partir del próximo curso.

La semana pasada el Gobierno regional comunicó a los sindicatos que para aplicar la subida salarial para 2020 es necesario renunciar al acuerdo de recuperación de derechos firmado en 2018. Aquel pacto incluyó el desbloqueo de la carrera profesional, un complemento anual que va creciendo en función de la antigüedad, y la rebaja de 20 horas lectivas a la semana en Secundaria a 19 en el curso 2018-2019 y 18 en el presente curso.

Tras esta propuesta, que fue rechazada por los representantes de los trabajadores, las partes se emplazaron a dialogar en una nueva reunión de la Mesa General de Negociación convocada para ayer miércoles. El Gobierno regional se mantuvo en la necesidad de ajustar el gasto en personal.

La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, señaló al término del encuentro que el Gobierno regional aplicará la subida del 2%. El compromiso es hacerlo efectivo en la nómina de mayo, aunque con efecto retroactivo al 1 de enero. De esa forma, los trabajadores cobrarán los atrasos de los cuatro primeros meses del año. El Gobierno regional estima que la medida tendrá un impacto de más de 55 millones de euros.

Pero a cambio la Junta suspenderá los acuerdos de 2018. Por un lado, el pago de la carrera profesional. Para 2020 está comprometido el abono de la segunda mitad del nivel 2 en administración general, a lo que se suman otros acuerdos en la misma línea en el ámbito sanitario. Además, las horas lectivas en Secundaria volverán a ser de 19 a la semana a partir de septiembre. Para este curso han sido necesarios 230 profesores para aplicar las 18 horas. El próximo curso no será necesaria ninguna contratación.

Blanco-Morales recordó que las medidas de mejora en personal dependían de la situación económica de la Junta de Extremadura, que el pasado año cerró con un déficit de alrededor de 200 millones de euros.

Además, el Ejecutivo autonómico recalca que la subida salarial acordada por el Gobierno no es de aplicación obligatoria para las comunidades autónomas. Pese a ello, la Junta ha decidido en los últimos años adoptar el incremento estatal en toda su extensión. De hecho, afirma que desde 2016 se acumula un incremento retributivo del 8%.

Blanco-Morales remarcó que no solo los acuerdos de 2018 dependían de la situación económica, sino que el pacto para las subidas salariales en el ámbito estatal, también firmado ese año con los representantes sindicales, estaba condicionado a la coyuntura económica.

Pero los representantes de los empleados públicos no aceptan lo que consideran nuevos recortes en sus derechos, por lo que preparan movilizaciones. De hecho, nada más salir de la reunión los responsables de los tres sindicatos con representación en la Mesa General quedaron para el próximo lunes para estudiar un calendario de protestas.

Benito Román, de CSIF, sindicato que ayer celebró una protesta ante el edificio donde se encuentra la Consejería de Hacienda, reconoció su «decepción absoluta». Según dijo, «los empleados públicos no tienen por qué ser los pagadores de lo que está ocurriendo en la comunidad». Además, expresó sus dudas sobre lo que pueda pasar en el futuro si las cuentas no mejoran.

José Ignacio Luis, de UGT, expuso que «no queremos ser nuevamente los paganos de las distintas crisis». Por ese motivo, animó a todas las organizaciones a sumarse a movilizaciones que podrían pasar por concentraciones de protesta y huelgas.

Francisco Jiménez, de CC OO, pidió la implicación de todos los empleados públicos, aunque no todos se verán afectados por la congelación de la carrera profesional. A su juicio, se necesita «una respuesta unitaria a la agresión y el ataque» de la Junta.