A juicio por traer a dos mujeres a Badajoz para trabajar en la prostitución
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para la acusada, quien asegura que ella solo intentó facilitarles su llegada sin pedirles dinero a cambio
Veinte años de prisión pide la Fiscalía para una mujer acusada de traer a España a tres personas que residían en México tras ofrecerles un ... trabajo, un viaje que terminó convirtiéndose en un infierno cuando descubrieron que la vivienda en la que iban a vivir se ubicaba en la barriada pacense de Los Colorines y que el empleo estaba en un club de alterne de Oporto (Portugal).
Los hechos fueron denunciados cuando en el verano de 2019 la Policía Nacional identificó a los tres inmigrantes en Los Colorines y les preguntó la razón por la que habían viajado a España, un interrogatorio en el que confesaron que la mujer en la que habían confiado les obligaba a trabajar sin contrato ni sueldo en su bar y a hacerle tareas domésticas, incluidas su manicura y pedicura.
El juicio se celebró este jueves en la Audiencia de Badajoz y comenzó con el interrogatorio a Y.S.B., una mujer de nacionalidad mexicana que reside en España desde 1996. Ella fue la única que se sentó en el banquillo porque su expareja, acusado de los mismos hechos, permanece en paradero desconocido.
El fiscal le preguntó por los detalles del viaje y por el dinero que le cobró a los denunciantes, que son un matrimonio mexicano y una mujer venezolana amiga de ambos. Uno de ellos, el varón, explicó que cuando vivía en México a él lo secuestraron y con posterioridad lo extorsionaron, razón por la que decidieron viajar a España con la ayuda de Y.S.B., con la que contactaron por Facebook.
Ellos mismos se pagaron el pasaje hasta Lisboa (Portugal), donde fueron recogidos por Y.S.B., a quien aseguran que cada uno de ellos entregó 110 euros por llevarlos a Badajoz.
Además, antes de salir de México ya pagaron el alquiler de la vivienda que iban a ocupar en Badajoz (600 euros), pero al llegar tuvieron que quedarse en la casa de Y.S.B. y su expareja, en la barriada de San Roque. Allí permanecieron hasta que esta mujer los llevó a un piso en Los Colorines «donde no había nada». Ese inmueble pertenecía a una vecina de Los Colorines que se lo cedió gratuitamente a Y.S.B. pensando que se iban a alojar temporalmente unos familiares suyos.
Asegura el denunciante que en esas semanas trabajó en el bar de Y.S.B., quien les firmó la carta de recomendación que les permitió viajar a España como turistas. Lo hizo como camarero mientras su esposa y su amiga realizaban tareas de limpieza en el local. Además, estas dos mujeres aseguran que Y.S.B. les pidió que le hicieran la manicura, la pedicura y que le quitaran la caspa, entre otras tareas domésticas que incluían acarrear agua porque su casa no tenía suministro.
Explicó el fiscal que la amiga de la pareja incluso «tenía que dejarse manosear» para que los clientes hicieran más gasto en el bar. Igualmente indicó que vivieron en esa situación de «servidumbre» porque Y.S.B. no terminaba de empadronar a las dos mujeres, un trámite por el que pagaron a pesar de que es gratuito. La Fiscalía cree que, en total, desembolsaron unos 3.000 euros.
Entretanto, Y.S.B. les dijo a las dos mujeres que podrían trabajar como camareras en Oporto, una oferta que terminó conduciéndolas a un club de alterne del que regresaron «horrorizadas» tras empeñar una alianza de oro para costearse el viaje de vuelta.
Para la Fiscalía, existen tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en concurso medial con tres delitos contra los derechos de los trabajadores por imposiciones de condiciones laborales fraudulentas respecto de extranjeros, hechos para los que solicita un total de 21 años de cárcel. A ello une un tercer delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En total, la pena solicitada suma 22 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros para cada perjudicado.
Frente a ellos se sitúa la acusada, quien asegura que las dos mujeres habían ejercido la prostitución en Méjico, y que ella no les cobró dinero alguno, una tesis en la que insistió su abogada, Alicia Correa, quien cree que presentaron esa denuncia falsa para conseguir el permiso de estancia temporal que se concede a los inmigrantes por colaborar con las autoridades españolas en la lucha contra la trata de seres humanos.
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