Los jueces investigan por corrupción a cuatro personas en Extremadura en el primer trimestre

A nivel estatal, se procesó a un total de 48 personas (34 físicas y 14 jurídicas) en nueve causas distintas.

Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana lidera con 16 personas físicas procesadas, seguida por Andalucía, con 9 físicas y 14 jurídicas. Muy por detrás aparecen Extremadura, con cuatro físicas, y Aragón, Cataluña y Murcia, con una cada una. Completa la tabla la Audiencia Nacional, que ha procesado a dos personas físicas.

Los datos suponen un descenso en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando los juzgados y tribunales españoles dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 119 personas -85 físicas y 34 jurídicas-.

El órgano de gobierno de los jueces ha indicado en una nota que los procedimientos judiciales registrados tienen como presuntos implicados a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos por afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos, ha explicado, se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico; prevaricación de funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios).

Además, el CGPJ señala que entre enero y marzo los juzgados y tribunales dictaron 14 sentencias por delitos de corrupción, de las que 10 fueron total o parcialmente condenatorias y 4 fueron absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en dos de cada tres (71,4%) de los casos.

Hubo tres sentencias condenatorias con conformidad en Andalucía y dos en Cataluña, mientras que de sin conformidad se emitió una en Castilla y León, otra en Comunidad Valenciana y otra en Galicia.

Las sentencias parcialmente condenatorias (2) se registraron en la Audiencia Nacional y Comunidad Valenciana. Las absolutorias, por su parte, fueron en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Murcia.