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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, afirmó este martes que el Ejecutivo central «tiene la obligación de llevar hacia adelante» el plan de cierre de reactores nucleares acordado en el año 2019 con las dueñas de la central de Almaraz, en tanto en cuanto «no han mostrado todavía ninguna intención» de solicitar su prórroga, informa Europa Press.
Tras referirse a la reunión que las tres compañías mantendrán el 20 de mayo, según adelantó 'El Periódico', para tomar una decisión sobre el futuro de la planta extremeña, ha mantenido que el Gobierno «no podía quedarse parado», y por ello ha autorizado la licitación de los servicios de ingeniería previos al desmantelamiento de la industria. Porque en caso contrario, «podría haber una responsabilidad patrimonial de las empresas que podrían reclamar al Gobierno», argumentó el Delegado.
José Luis Quintana
Delegado del Gobierno en Extremadura
«Lo que está haciendo el Gobierno es cumplir con su obligación», señaló José Luis Quintana, que recordó que cinco de las siete nucleares del país han parado su actividad en los últimos días «por un asunto exclusivamente económico». «Que no nos cuenten ninguna otra historia, exclusivamente económico», reiteró, para incidir en que «la energía nuclear, lógicamente, pues ha dejado de ser una energía barata».
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Al mismo tiempo, apuntó que «parece que todos están de acuerdo en que los residuos debe de pagarlo quien los genera», y que «los de una central nuclear se mantienen durante siglos».
A estas declaraciones quiso responder la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', que integra a ayuntamientos y asociaciones de distinta índole del entorno de la central nuclear extremeña. «Según se desprende de sus declaraciones, algunos lo que quieren es que la primera industria de Extremadura cierre sin que haya ni siquiera una negociación», declaró Fernando Sánchez, portavoz del colectivo, además de alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, por el partido político Levanta Extremadura.
«Nosotros somos partidarios de que exista ese diálogo entre las partes antes de llevar acabo una decisión que afecta a miles de empleos y que sin duda empobrecerá a toda la región». «Queremos –incidió Sánchez– que se escuche a los ciudadanos y a las pymes, a los estudiantes que saben que aquí se genera empleo de calidad, porque la central es importante para toda España».
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