La investigación del aceite lampante apunta a dos comerciales extremeños

Conocer en qué grado participaban de la trama estos dos comerciales es labor del juzgado. Pero a estas alturas de la investigación no parecen quedar dudas de que las tres marcas que ponían en el mercado (Cortijo del Oro y Villa de Jerez, por parte del comercial de Salvatierra; y Acebuche, por el de Aceuchal) no se correspondían con el aceite de oliva virgen del que se hablaba en las etiquetas. Justo lo mismo que sucede con las otras 14 marcas que han sido retiradas del mercado en Andalucía.

Los detalles de la investigación solo se conocerán cuando el juzgado instructor de Alcalá de Guadaira (Sevilla) dé a conocer los atestados que han sido elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Badajoz y los agentes del Seprona de Sevilla y Córdoba.

Pero hay una cuestión de la que no parece quedar dudas: la investigación en Extremadura se puso en marcha después de que las autoridades sanitarias enviaran al Laboratorio Agroalimentario de Cáceres, perteneciente a la Junta de Extremadura, una muestra que resultó ser aceite lampante.

Con esa evidencia, fue declarada una alerta sanitaria a nivel nacional. El aviso fue dado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), cuyo objetivo era evitar que el aceite sospechoso se consumiera. En esa alerta ya se hablaba de miles de litros de aceite inmovilizados tras investigarse las sospechas planteadas por consumidores que encontraron ese aceite demasiado espumoso y con un sabor extraño.

Pero al mismo tiempo los resultados de ese análisis se convirtieron en la evidencia necesaria para impulsar la investigación que ha permitido localizar a nueve personas supuestamente implicadas con la trama.

Las autoridades sanitarias tenían claro el fraude y el cometido de la Guardia Civil era seguir el rastro al producto, cuyo origen parece estar en una fábrica clandestina radicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. La empresa en cuestión es Don Jaén Oliva 2019 S.L., que se encuentra en el polígono industrial La Red de Alcalá de Guadaira. Sus instalaciones fueron inspeccionadas y allí se localizaron más de 4.000 litros de aceite.

En el atestado realizado por el Seprona de Badajoz se recoge que ese establecimiento carecía de sistema de autocontrol y tampoco disponía de documentación que pudiese aclarar el origen del producto.

Según desveló una investigación publicada por el ABC de Sevilla, la empresa aportó la lista de empresas que habían distribuido las garrafas de cinco litros allí envasadas. Sevilla, San José de la Rinconada, Umbrete y Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla; Aceuchal, en Badajoz; y La Barca de la Florida, en Cádiz.

Con el avance de la investigación se supo que en total eran tres las partidas sospechosas que tuvieron como destino la región extremeña. Bajo la marca Acebuche, en cuya etiqueta figuraba el nombre del comercial de Aceuchal investigado, se había vendido aceite de baja calidad. Y lo mismo había sucedido con las marcas Cortijo del Oro y Villa de Jerez, que se relacionan con el comercial de Salvatierra.

El aceite lampante localizado en esa fase inicial de la investigación se vendía con distintas marcas, pero en todas ellas aparecía el registro sanitario de Don Jaén Oliva 2019, una empresa con domicilio social en Sevilla capital constituida para prestar servicios hoteleros, de bares y cervecerías.

Hasta esa envasadora radicada en Alcalá de Guadaira condujeron las pesquisas realizadas por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, cuyos agentes comprobaron que esa misma empresa ya estaba siendo investigada por el Seprona de Sevilla por presunto fraude alimentario.

Las investigaciones habían avanzado por separado, pero las dos tramas se unieron en ese momento: la de Sevilla, que está siendo instruida en un juzgado de Alcalá de Guadaira; y la de Badajoz, cuyo atestado fue puesto en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra, que también investiga el supuesto fraude sufrido por una empresa distribuidora radicada en la región que había adquirido 50.000 litros de aceite lampante creyendo que se trataba de aceite de oliva virgen, una partida que no llegó al mercado.

En este caso concreto el producto había sido etiquetado bajo la marca Campiña de Andalucía y el envasador era Galiaceite 2022, otra envasadora distinta a la de Alcalá de Guadaira que supuestamente envasada el producto en Fuentes de Andalucía (Sevilla) y en Palma del Río (Córdoba).

Se extiende de este modo el supuesto fraude a una tercera provincia y entra en acción el Seprona de Córdoba, cuyos investigadores descubrieron que la supuesta planta envasadora estaba en un domicilio en el que había una empresa de gestión inmobiliaria y un taller.

Pero es que además la Delegación Territorial de Salud de Córdoba ya estaba investigando por un supuesto fraude en la venta de aceite a Galiaceite, cuyo administrador vivía en Carmona (Sevilla), una localidad próxima a una supuesta fábrica en la que solo fue hallado un bidón de plástico de 1.000 litros y material de oficina viejo. Investigaciones posteriores confirmaron que el comercial y dueño de la marca Villa de Jerez había comprado aceite tanto a Don Jaén Oliva como a Galiaceites, conectándose de ese modo las dos envasadoras investigadas.

Poner en pie el sistema de funcionamiento de la red de envasado y distribución de aceite lampante es ahora responsabilidad de las unidades del Seprona de la Guardia Civil y los juzgados instructores.

De momento han sido investigadas nueve personas, entre ellas los dos comerciales radicados en Aceuchal y Salvatierra de los Barros. Cada uno de ellos poseía un registro sanitario de distribuidor polivalente que les permitía vender todo tipo de productos, desde aceite y arroz hasta detergente o mascarillas.

El comercial de Aceuchal tenía su negocio en un garaje y había vendido toda la producción. El de Salvatierra poseía una nave y todavía tenía en su poder 624 litros de aceite, que han sido inmovilizados.

Contra ellos pesan los mismos cargos que contra el resto de investigados: estafa, falsedad documental, un delito contra el mercado y los consumidores, y un delito contra la salud pública.

Los investigadores creen que el fraude para el consumidor era evidente porque se ofrecía un producto de inferior calidad que no se puede envasar en España. Además, ese aceite lampante podía tener componentes como la soja, causante de 'shocks' anafilácticos de consecuencias graves para los consumidores alérgicos a este producto.

De la investigación se encarga por el momento el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Guadaira dado que el Juzgado de Zafra se ha inhibido al saber que la envasadora de la que supuestamente procedía el aceite estaba en esta localidad sevillana.

La investigación está en marcha pero hay un aspecto que nadie discute a estas alturas: la garrafa de 5 litros de este producto prohibido para el consumo alimentario se vendía por 20 euros, muy por debajo del precio de mercado, que rondaba los 30.

Tampoco hay duda de que era en Andalucía, y no en Extremadura, donde se envasaba el producto, un detalle que es puesto en valor por las autoridades sanitarias extremeñas.