Guardiola reclama un plan de choque para asegurar 600 plazas de médicos antes de 2027

Guardiola participó este viernes en Santander en la Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Gobierno y las comunidades y ciudades autónomas, que celebró su reunión número XXVII.

Este encuentro, que se hizo habitual durante la pandemia, llevaba dos años sin celebrarse, por lo que varias comunidades autónomas habían reclamado su convocatoria. Entre ellas Extremadura, que junto a otros gobiernos autonómicos del PP había insistido en abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero la cita se cerró sin grandes acuerdos y sirvió para que cada comunidad plantee sus reivindicaciones y ofrezca su posición sobre las cuestiones incluidas en el orden del día.

Uno de esos asuntos fue la necesidad de afrontar la falta de profesionales sanitarios. Según expuso Guardiola al término de la reunión, la extensión de Extremadura y su baja densidad de población dificulta la atención a la población, «y quien más lo padece es la ciudadanía rural» ante las dificultades para fidelizar plantilla en lugares alejados de grandes núcleos urbanos.

La presidenta extremeña afirmó que la región va a necesitar más de 600 médicos al final de la legislatura para hacer frente al relevo generacional y la carencia de especialistas. La Junta ha puesto en marcha un plan de fidelización, que ha permitido pasar de 166 vacantes a 94. También destacó que Extremadura es la segunda comunidad con más plazas de médicos residentes por cada 100.000 habitantes. «Pero no es suficiente», reconoció.

Por ese motivo, reclamó «un mayor compromiso del Gobierno central», al que solicitó más plazas en la Facultad de Medicina y su implicación en un plan de choque para que la asistencia no se vea afectada por las jubilaciones previstas en los próximos años. Asimismo, tal como hicieron otros presidentes autonómicos, pidió que se agilicen las homologaciones de profesionales extracomunitarios para que puedan trabajar en el Sistema Nacional de Salud.

El sostenimiento de la sanidad guarda relación directa con la financiación autonómica. Extremadura y otros gobiernos regionales reclamaron que se afronte la reforma del modelo en vigor, caducado desde 2014, y que se haga en un foro multilateral, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno prevé convocar para enero, aunque en principio sólo para abordar la quita de la deuda a las comunidades.

La presidenta extremeña se alineó con Madrid al apuntar que la condonación perjudica a los territorios que han hecho «una buena gestión» y que no han recurrido al endeudamiento. Y se opuso a que la reunión del Consejo de Política Fiscal se dedique en exclusiva a este asunto. «Queremos hablar de muchas más cosas, de la inversión territorializada, del Fondo de Compensación Interterritorial, de las variables que operan en el reparto de los fondos...», señaló. María Guardiola incidió en que el sistema de financiación debe tener más en cuenta cuestiones como la despoblación y la superficie y menos el número de habitantes, que es el parámetro principal que se emplea en la actualidad.

Pero sobre todo mostró su rechazo al cupo singular pactado entre el PSOE y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña. «El concierto separatista catalán ha sido el delirio final de una política secuestrada por el nacionalismo, por el independentismo y por la aritmética parlamentaria», aseguró.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe presentar un modelo que permita la suficiencia financiera de las comunidades autónomas «y el acceso en condiciones de igualdad» a los servicios públicos. Sin embargo, considera que ha menospreciado a territorios como Extremadura con acuerdos bilaterales «opacos y asimétricos». cediendo la gestión de los recursos de la hacienda estatal a una comunidad.

Para Guardiola, el concierto catalán es contrario a la Constitución y también el principio de ordinalidad, según el cual cada comunidad debe recibir en función de lo que aporta. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se refirió al término del encuentro a la posición de Extremadura y apuntó que para el Gobierno la ordinalidad es posible en el marco constitucional.

En cuanto a la inmigración, otro de los asuntos abordados en la Conferencia de Presidentes, Guardiola pidió más coordinación e información al Gobierno en el reparto de migrantes.

Según dijo, la región tiene actualmente ocupada al 166% su capacidad de acogida para menores migrantes. Un esfuerzo que, aseguró, está asumiendo «con recursos propios y a ciegas», sin apoyo, sin comunicación fluida y sin previsión por parte del Ejecutivo central.

«Un drama humano de este calibre no puede ser gestionado con tanta ligereza ni con tan poca consistencia», afirmó. Por ese motivo, reclamó a Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad en materia migratoria, con un trabajo más estrecho con las comunidades autónomas y las entidades locales, y que mire a largo plazo colaborando con los países de origen.

Sobre esta cuestión se presentó en la reunión una propuesta de Canarias apoyada por el País Vasco, pero Guardiola expuso que no había tenido tiempo de leer el documento, por lo que no ofreció su valoración.

Respecto a la vivienda, el tema al que el Gobierno central quería prestar especial atención, la presidenta extremeña mostró su rechazo a la Ley por el derecho a la vivienda, que a su juicio encarece los precios y dispara los alquileres. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez legisla «con demasiados prejuicios, sin diagnóstico previo y diálogo».

La presidenta extremeña afirmó que la oferta de promociones públicas en Extremadura es insuficiente, con 2,4 viviendas por 100 habitantes en municipios de menos de 5.000 habitantes y 2,8 en el conjunto de la región. La Junta de Extremadura construirá 97 viviendas en veinte municipios de la región y reclama al Gobierno un esfuerzo similar.

Por eso afirmó que es urgente poner a disposición suelo público y que el Estado financie la construcción de nuevas promociones. También propuso que se incentive la colaboración público privada para que sea rentable la construcción de vivienda y que se financie la rehabilitación de casas vacías pero que actualmente no están disponibles para entrar en el mercado.