El Gobierno regional apunta a la prórroga del presupuesto sin descartar el adelanto electoral

La dirección nacional de Vox anunció el miércoles la suspensión de las negociaciones con el PP para la elaboración de las cuentas autonómicas en aquellas comunidades donde su voto puede dar a los populares la mayoría parlamentaria. Se trata de las regiones en las que estos dos partidos formaron gobierno de coalición (además de Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León) y Baleares, donde prestaba apoyo sin formar parte del Ejecutivo regional.

El motivo esgrimido por Vox es lo que considera un acercamiento del PP a la política migratoria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Esta cuestión también fue clave para romper los gobiernos de coalición el pasado mes de julio, entre ellos el extremeño. Asimismo, se puso como condición para negociar los presupuestos autonómicos del próximo año, aunque finalmente, al menos en Extremadura, se ha permitido la tramitación de las cuentas sin exigir nada a cambio.

Este nuevo aviso de Vox ha sido recibido con rechazo por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el partido no admitirá «chantajes» de ningún tipo y mantendrá sus ideas respecto a la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores no acompañados, dos de las cuestiones que explican la crisis abierta con la formación dirigida por Santiago Abascal.

En cuanto al Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, lamentó que Vox haya optado por el bloqueo de los Presupuestos de 2025. Asimismo, en declaraciones recogidas por Canal Extremadura señaló que el adelanto electoral es una opción sobre la mesa ante la falta de respaldo a las cuentas.

No sacar adelante los próximos presupuestos evidenciaría la debilidad de la posición parlamentaria del Gobierno regional del PP, que con 28 diputados sigue necesitando a los cinco de Vox para lograr la mayoría en la Asamblea, fijada en 33 escaños. Al tratarse de la ley más importante del año, pondría en entredicho la estabilidad del Ejecutivo autonómico. Pero por el momento el adelanto electoral parece la opción más remota.

Para el Gobierno regional de María Guardiola, la convocatoria de elecciones anticipadas es una opción que permite el Estatuto de Autonomía y por tanto se debe tener en cuenta. Pero su intención es seguir adelante con la tramitación presupuestaria, que actualmente se encuentra en la fase de presentación de enmiendas parciales. De ese modo, una vez superado el debate de totalidad gracias al apoyo de Vox, aún queda margen para introducir cambios y llegar a un acuerdo para su aprobación. Es más, también cabe la posibilidad de que el PSOE se muestre a favor o se abstenga en la votación final, prevista para el próximo 24 de enero, lo que permitiría sacar adelante las cuentas de 2025. Un escenario que para Vox es posible.

En caso de que finalmente no haya un consenso, lo más factible en este momento sería prorrogar las cuentas de 2024. Esto supondría igualmente una falta de acuerdo parlamentario, aunque permitiría seguir gobernando en minoría. En ese caso, el Gobierno regional debería realizar numerosas modificaciones de crédito para adaptar los presupuestos, así como renunciar o pactar aquellas cuestiones que necesitan un texto con rango de ley, como las rebajas fiscales. Pero sería un mal menor y podría acusar a la oposición de tumbar el proyecto de 2025.

Con todo, el adelanto electoral seguiría siendo una opción. Pero eso obligaría a llamar de nuevo a las urnas, con el consiguiente desgaste para los votantes en un proceso que tardaría al menos dos meses. Además, según el reglamento de la Asamblea de Extremadura, la nueva legislatura sólo duraría hasta la finalización de la legislatura originaria. Es decir, que habría que convocar otra vez elecciones en 2027, como corresponde al calendario.

Las nuevas tensiones entre PP y Vox marcaron el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura. El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, señaló antes del inicio de la sesión que las negociaciones presupuestarias han quedado suspendidas, pero no rotas.

Según dijo, Vox reclama al PP que «tome una postura clara respecto a la inmigración ilegal», ya que considera que se trata de una cuestión fundamental. «Si quiere negociar con el PSOE la política de inmigración puede hacerlo, pero para nosotros es incompatible», añadió.

En cuanto a un posible adelanto electoral, apuntó que Vox asumiría la convocatoria con tranquilidad. «Por supuesto que estamos preparados», dijo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, afirmó que la prioridad de su partido es «sacar los mejores presupuestos para Extremadura». Asimismo, lamentó que ningún extremeño entendería que el proyecto de cuentas «quede bloqueado por una decisión que nada tiene que ver con nuestra tierra».

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press que un adelanto electoral demostraría «la fragilidad de este gobierno y, sobre todo, la incapacidad, la incompetencia de una presidenta que lo único que ha hecho es traer inestabilidad a Extremadura».

Para Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, el adelanto electoral dependerá «de lo que quiera Feijóo, no Guardiola». De llegar, afrontaría la convocatoria «sin ningún miedo a plantear que realmente somos la única alternativa a este gobierno».