El Gobierno da un nuevo paso para el desmantelamiento de la central de Almaraz

El acuerdo del Consejo es un paso necesario para cumplir lo previsto en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que sienta las bases de la política pública nacional en materia energética. El servicio que va a contratar Enresa abarca una serie de trabajos técnicos previos al desmantelamiento. Entre otros, elaborar de la documentación y las herramientas de gestión del proyecto, preparar los estudios iniciales y la ingeniería de diseño, así como las especificaciones técnicas y los proyectos de obra. También la documentación requerida para la posterior autorización del desmantelamiento.

El servicio que va a contratar Enresa abarca una serie de trabajos técnicos previos al desmantelamiento. Entre otros, elaborar la documentación y las herramientas de gestión del proyecto, preparar los estudios iniciales y la ingeniería de diseño, así como las especificaciones técnicas y los proyectos de obra. También la documentación requerida para la posterior autorización del desmantelamiento. De esta manera, Enresa está iniciando las labores previas al desmantelamiento de la planta, entre las que se incluye la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización correspondiente, y precisa de los servicios de ingeniería previstos en el contrato para cumplir el calendario establecido.

El paso dado este martes da continuidad al del pasado junio, cuando Enresa publicó el anuncio de licitación de este contrato que el Consejo autoriza ahora. Ya entonces se detalló que su plazo de ejecución es de cinco años. Porque como ya se ha explicado, el desmantelamiento en sí de la planta no comenzará antes del año 2030 y durará una década. En él, de hecho, se trabaja desde hace meses en la propia central, que el año pasado creó un departamento de transición de activos, en el que trabajan dos personas. Su misión es preparar el terreno para cuando toque ceder la titularidad de la instalación a Enresa, ya que es la empresa pública la que se hará cargo del desmantelamiento.

Ese departamento existe porque la central afronta su día manejando un doble escenario: que se cumplan el plan firmado en el año 2019 o que las mismas partes que entonces pactaron el cierre escalonado de los siete reactores entre 2027 y 2035, ahora reculen y modifiquen los plazos rubricados en ese momento. Porque el escenario geopolítico mundial de 2019 no es el de ahora, entre otros motivos por la guerra de Ucrania y sus implicaciones en el suministro de gas, la escalada bélica global o el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La evidencia de que el escenario internacional actual no es el de hace seis años es uno de los argumentos que esgrimen las compañías para forzar al Gobierno a cambiar su hoja de ruta. Los responsables de las tres eléctricas han declarado públicamente en las últimas semanas que es necesario prorrogar la vida de Almaraz, si bien condicionan la continuidad de la planta a que se les bajen los impuestos que pagan. Y esto último es una línea roja para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que viene repitiendo que no acepta la rebaja fiscal que piden las empresas. El argumento del Gobierno es que los gastos de gestión de los residuos radiactivos (la denominada tasa Enresa) los deben pagar quienes los generan y no los ciudadanos.

Tanto el Ministerio como las dueñas de la central admiten mantener un diálogo sobre el futuro de la energía nuclear en España, pero el Gobierno insiste en que las compañías no le han presentado una propuesta para reconsiderar el plan que aceptaron firmar hace seis años. Fuentes gubernamentales apuntan a que no lo han hecho porque no están de acuerdo entre ellas. En este punto, hay que recordar que aunque la propiedad esté repartida en partes desiguales, el peso se iguala a la hora de decidir, ya que la ley exige unanimidad en la toma de estas decisiones estratégicas.

Este es el contexto de la decisión tomada este martes por el Consejo de Ministros, que no impide que las partes sigan hablando y que mantiene abierta la opción de la posible continuidad de la nuclear extremeña más allá de noviembre del año 2027.

De hecho, en las últimas semanas ha cobrado fuerza la posibilidad de una miniprórroga de dos años y tres años para cada uno de los reactores de Almaraz, de modo que la central cesaría su actividad en el año 2030. Las propietarias están abiertas a esta opción, y creen que así habría tiempo replantearse el mix energético nacional.