La Fiscalía pide que el exalcalde de Almendralejo sea inhabilitado tres años y pague 5.800 euros por la Púnica

El juicio en el que se verán estos hechos se inició el lunes y prosigue este jueves, pero tiene su origen en la Operación Púnica, de la que se tienen noticias desde que el 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil detuvo a 51 personas por el supuesto amaño de contratos públicos. Políticos, funcionarios y empresarios engrosaron una lista en la que se incluía a varios alcaldes.

Días después trascendió que uno de los ayuntamientos a los que se había solicitado documentación era el de Almendralejo y en las semanas siguientes fue citado para declarar como investigado el entonces primer edil de Almendralejo por el PP, José García Lobato.

Diez años y cinco meses después la Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo al exalcalde extremeño, que durante la pasada legislatura fue diputado por el PP en la Diputación de Badajoz.

El juicio arrancó el lunes con la exposición de las cuestiones previas. Ese día, los 37 procesados se sentaron por primera vez frente al tribunal que los va a juzgar. Y hubo 13 acusados, entre ellos el alcalde de Collado Villalba (Madrid), que anunciaron su intención de confesar los hechos. A cambio, conseguirán una rebaja en la pena.

En las primeras filas de la sala de vistas había rostros conocidos. Entre ellos el del empresario David Marjaliza, que según el escrito de acusación intermedió ante los alcaldes y concejales de varias ciudades aprovechando «la red de contactos» que había tejido durante su etapa como promotor urbanístico. De esta forma, gracias al presunto pago de dádivas y mordidas, la trama se «infiltraba» en las administraciones municipales «redactando los pliegos de adjudicación, los informes de necesidad del contrato, los informes de valoración de las ofertas, el precio de las licitaciones, los plazos y la fórmula económica» que se iba a utilizar a la hora de la adjudicación.

A Marjaliza, la Fiscalía Especial Anticorrupción lo acusa de fraude, prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, aprovechamiento de información privilegiada, blanqueo y organización criminal, delitos para los que pide más de diez años de prisión y el pago de 3 millones de euros.

Las penas propuestas por el Ministerio Público para algunos de los acusados superan los 20 años de prisión, nada que ver con la que se solicita para el exalcalde de Almendralejo, al que se acusa de un único delito: revelación de información reservada.

Durante la investigación, la Unidad Central Operativa planteó la posibilidad de que hubiese cometido otros hechos delictivos, pero el juzgado no encontró indicios suficientes, lo que ha determinado que la pena que para él solicita la Fiscalía sea mínima: una multa de 5.400 euros que tendría que pagar a razón de 10 euros diarios durante 18 meses.

Mayores podrían ser las consecuencias a nivel político si es condenado, puesto que el delito por el que se le procesa conlleva la inhabilitación especial para ocupar un cargo público durante 3 años.

El abogado que representa al exalcalde de Almendralejo es Juan María Calero. Este letrado representó también a Luis Alfonso Merino y José Antonio Regaña, los concejales del equipo de gobierno de García Lobato que, junto a Carlos González Jariego, fueron investigados.

Los tres tuvieron que prestar declaración en Madrid, pero quedaron libres de cargo, lo mismo que sucedió con los trabajadores municipales y empresarios de Almendralejo que también fueron investigados. Contra ninguno de ellos hay acusación. pero sí contra García Lobato.

Cree el Ministerio Fiscal que la licitación del contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento de Almendralejo «se pactó en el segundo semestre del 2012 entre el alcalde, José García Lobato, y los directivos de la empresa Makeba, Enrique Salas y Evaristo Núñez, sin participación alguna en ese momento del acusado David Marjaliza y su equipo».

Esa acusación la basa en los mensajes que intercambiaron el también acusado Pedro García Pérez y el alcalde de Almendralejo, en los que se «reveló que por parte del alcalde se estuvo remitiendo durante meses en la fase reservada de la preparación del expediente los pliegos de su servicio técnico, los informes de sus técnicos con las dudas y objeciones que les suscitaban los pliegos que se le habían entregado, así como el trabajo de auditoría».

Ese flujo de información habría permitido que Cofely «redactara de forma encubierta los pliegos» que permitieron a esta empresa «presentar su oferta en tiempo, perjudicando a su competidora Imesapi, quien obtuvo información mucho más tarde sobre los datos de inventario y consultoría».

El escrito de acusación concluye que el desarrollo del supuesto plan «se trunco por las acciones del juzgado, no llegó a su fin y no se formalizaron ni las resoluciones de adjudicación, ni en su caso las negociaciones de comisiones».

Sobre este último aspecto, el escrito de acusación especifica que en el plan financiero de ese contrato «se reservó una partida del presupuesto de la oferta por 180.000 euros, más el 2% sobre el coste anual en concepto de Project Management, para dar cobertura al pago de comisiones y dadivas que se repercutirían en el presupuesto del contrato».

Junto a estas cantidades «se ofrecieron distintos regalos como el alumbrado de Navidad y el patrocinio de un campeonato local» en Almendralejo.

La Fiscalía indica en su escrito que «no consta que por parte del alcalde conociera o participara en un futuro reparto de comisiones, ni que se ofreciera promesa de un futuro pago o recompensa si se ganaba el contrato».

Hasta ahí llega la acusación de la Fiscalía, frente a la que se sitúa su defensa, representada por Juan María Calero, quien rechaza la acusación con el argumento de que los pliegos a los que se refiere la Fiscalía son unos pliegos tipo que publicaba el Ministerio de Industria para que pudiesen ser utilizados en este tipo de contratos.