La Fiscalía denuncia el abuso de las inmovilizaciones en las residencias de mayores extremeñas

El Ministerio Público advierte de un «uso excesivo -y muchas veces incontrolado- de las contenciones mecánicas». Un problema que no detecta, sin embargo, en los centros psiquiátricos y unidades de hospitalización, donde sí existe «un permanente y adecuado control de todas las medidas de contención aplicadas».

El informe analiza la situación de 36 centros de mayores de la comunidad. La Fiscalía explica que «se han descartado aquellos en los que la información era fragmentaria, no contrastada e incluso contradictoria».

Así, según los datos que obran en poder del Ministerio Fiscal, se aplican contenciones a un total de 669 personas, y teniendo en cuenta que el promedio de ocupación de los 36 centros analizados es de 55 usuarios, ello supone un porcentaje aproximado del 33%.

En cuanto a los tipos de medidas de contención, predomina claramente la inmovilización en la cama, destacando el uso de doble barandilla (aplicada al 83% de los usuarios), seguida de los cinturones (13%) y de la sábana (10%). En segundo lugar, se sitúa la inmovilización torácica o abdominal en silla de ruedas o sillón (49%), y finalmente el uso de muñequeras (3%).

La Fiscalía pone el énfasis en el alto porcentaje de casos que «carecen de prescripción facultativa (cerca del 40%)», lo que «sugiere claramente que aparte de la correlativa falta de control médico, las contenciones se aplican en muchas ocasiones sin necesidad», explica la Fiscalía.

También refiere falta de control por el alto porcentaje de casos que no cuentan con consentimiento informado, sobre el 40% del total.

Y, además, el informe hace constar que en la mayoría de supuestos que cuentan con él suele tratarse de un «consentimiento previo e indiscriminado, que firman los familiares en el momento del ingreso».

El análisis revela que solo el 25% de los centros no usa contenciones. En la mayoría de los casos no se aplican debido a que se trata de residencias utilizadas por personas que gozan de la suficiente autonomía personal. Y existen unos pocos centros en los que, a pesar de contar con usuarios o residentes en situación de dependencia, se definen como «libres de contenciones».

La Fiscalía recuerda que la ausencia de contenciones se logra de diferentes maneras con procedimientos más «rudimentarios», como colocar colchonetas a ambos lados de la cama, lo que permite prescindir de la inmovilización con cinturones o barandillas. Y en algún caso aislado se debe al empleo de medios más sofisticados, como la tecnología de vigilancia mediante alfombras con sensores que detectan cuando el residente se levanta de la cama, o los cinturones geolocalizadores que permiten establecer en cada momento la ubicación.

Además, el Ministerio Público revela que poco más del 60% de residencias cuenta con protocolo de contenciones, e incluso «en algún caso ni siquiera se ajusta a la legalidad vigente». Este porcentaje resulta «claramente insuficiente», según el informe, puesto que considera que, «si una residencia aplica contenciones, lo primero que debe hacer es dotarse de un protocolo adecuado».

El Ministerio Fiscal incide en que «aunque Extremadura carece de legislación propia al respecto, sigue pareciendo excesivo el porcentaje de residencias sin protocolo, situación que ha sido debidamente comunicada por las respectivas fiscalías a los centros, por lo que esperamos que en el futuro se vaya corrigiendo esta anomalía», concluye.