La Fiscalía y la defensa de Elia Blanco acuerdan retirar la pena de cárcel

Cinco años y medio después de afrontar su primer juicio, la exalcaldesa de Plasencia, la socialista Elia María Blanco, volverá al Juzgado de lo Penal de la capital del Jerte. Lo hará mañana jueves, a las 10 horas, en la fecha y hora señaladas para su nueva vista oral por el llamado 'caso Santa Bárbara'. Pero muy posiblemente no tendrá que sentarse esta vez en el banquillo de los acusados porque, según ha podido saber este periódico, la Fiscalía y la defensa de Blanco han alcanzado un acuerdo y, por tanto, lo que se espera es que el mismo sea ratificado mañana por el juez.

Según este acuerdo, Elia María Blanco sería solo responsable de un delito de prevaricación administrativa por el que sería inhabilitada cuatro años y tres meses. Es el resultado de la negociación llevada a cabo entre la Fiscalía y la defensa de la exalcaldesa, en la que ella misma ha participado, y que reduce de forma notable las primeras peticiones planteadas por el Ministerio Público, que acusaba a Elia Blanco de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, por el que le pedía dos años y nueve meses de prisión, más otros nueve años de inhabilitación especial y una multa de 3.240 euros, por no haber derribado viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara durante sus años como máxima responsable del Consistorio placentino.

Elia Blanco, por tanto, tendrá que volver al juzgado por el llamado 'caso Santa Bárbara' que, en su vertiente judicial, no afecta solo a los propietarios de las edificaciones levantadas sin licencia en la sierra, sino también a los políticos que supuestamente lo han permitido. Por eso, además de la exalcaldesa, fueron investigados los tres ediles que asumieron las competencias en materia urbanística durante sus gobiernos: Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. Sin embargo, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde se vio la causa por la condición de aforada de la entonces diputada regional de Ciudadanos, resolvió en mayo de 2018 exculpar a los exconcejales, al considerar que no tenían competencias para dictar resoluciones que afectasen a terceros.

Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitaba para cada uno de ellos diez años y medio de inhabilitación especial por prevaricación y por omisión del deber de perseguir delito, pero la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx ratificó un mes después el auto del instructor. Sin embargo, solo en el caso de los exconcejales, de tal modo que la causa regresó al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia para que decidiera qué hacer respecto a Blanco. Porque, según el juez, tenía la capacidad de emitir resoluciones urbanísticas de tipo decisorio.

La instrucción entonces siguió su curso. Meses después, el pasado diciembre, el Ayuntamiento decidió renunciar a mantenerse como acusación particular, y por tanto no presentó escrito de acusación contra Blanco, al entender que no había indicios incriminatorios consistentes contra la exalcaldesa, pero la Fiscalía, por su parte, sí lo presentó y solicitó apertura de juicio, que finalmente se fijó para mañana, día 30 de mayo.

Pero no habrá juicio si el juez ratifica mañana el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y la defensa de Blanco. Un acuerdo posiblemente relacionado de forma directa con el nuevo rumbo que parece haber tomado el 'caso Santa Bárbara', en el que, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguna orden de demolición y las casas siguen en pie. Es más, los últimos cuatro vecinos que han acudido al juzgado por no haber cumplido la normativa urbanística, han logrado una ampliación notable de los plazos para conseguir que el derrumbe no llegue. Especialmente, después de que el Ayuntamiento haya iniciado la vía para regularizar las construcciones clandestinas de la sierra, porque tal como han venido defendiendo los propietarios, la ley lo permite.

Quizás por eso, si el 'caso Santa Bárbara' puede resolverse fuera de la vía judicial para los propietarios, los políticos involucrados en el mismo puedan ver, cuando menos, reducidas sus peticiones de penas. Por el momento, la exalcadesa de Plasencia, si el acuerdo alcanzado con la Fiscalía se ratifica. Y después el otro político que queda en calidad de investigado en la causa, aunque en una pieza separada, que es el alcalde popular Fernando Pizarro. En su caso, la instrucción aún no ha finalizado, por lo que no se sabe si habrá escrito de acusación contra él y se fijará fecha para juicio oral o por el contrario se archivará.