La Fiscalía cree que el subinspector de Plasencia pudo ser recompensado por amañar contratos

Hasta la fecha este responsable del servicio de informática de ese cuerpo policial, en la actualidad en libertad con cargos, es el único detenido en Extremadura en el marco de la macrooperación nacional contra el amaño de contratos públicos relacionados con sistemas informáticos de gestión policial, que ha alcanzado a más de 40 ayuntamientos repartidos por todo el país.

La investigación policial comenzó antes de 2016, pero a partir de septiembre de ese año recibió un impulso notable con las pruebas facilitadas por un extrabajador de una de las empresas que centran la trama de corrupción. Pruebas que determinaron la grabación de las conversaciones telefónicas entre los empresarios investigados y que han motivado tanto la inclusión del subinspector de la Policía Local de Plasencia en la operación como el registro que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la coordinación siempre del juzgado de Badalona, llevó a comienzos del pasado julio tanto en la Jefatura de la Policía Local como en el Ayuntamiento de Plasencia.

Además del ordenador y el móvil del subinspector, la UDEF reclamó los expedientes de contratación relacionados con la docena de empresas de la trama, independientemente de la fase en la que se encontrara el procedimiento, desde 2010 hasta la actualidad. También los expedientes de contratación tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad o mediante contrato menor, así como el expediente sobre el proyecto de compra del sistema GPS para vehículos de la Policía Local.

La UDEF se llevó todos los contratos relacionados con las empresas de la trama y todos aquellos en los que ha intervenido el subinspector P. M. P. Porque las escuchas telefónicas habían desvelado su posible intervención para que determinadas mercantiles lograran adjudicaciones de servicios. No solo porque uno de los empresarios detenidos señala que llevará al policía la «típica caja de zapatos», sino porque en conversaciones posteriores grabadas a los empresarios se puede deducir, según la Fiscalía, «que los responsables de Aplicaciones Gespol se hallarían concertados con P. M. P. en relación a la irregular adjudicación de otros contratos administrativos y, en concreto, la adquisición de un software informático, prestación de servicios de mantenimiento y adquisición de PDA's».

La transcripción de las conversaciones grabadas pone de manifiesto que el subinspector conocía las relaciones que había entre empresas que supuestamente acudían por separado a las adjudicaciones, así como que por permitirlo pudo haber sido recompensado.

«Con P. M. P. podemos hablar de lo que queremos, que está contento con vosotros y está contento con nosotros, le compramos un detalle, un botella de vino y tal».

Son otras de las frases recogidas en las transcripciones que aparecen en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso este periódico, y que según la Fiscalía son «actuaciones a todas luces impropias de un funcionario público y que resultan idóneas para alterar el resultado de los concursos como para producir un perjuicio al erario público, pudiendo asimismo en buena lógica inferirse que aquel modo de proceder pudiera obedecer a la percepción de algún tipo de dádivas».

Por eso, «se estima a todas luces necesario practicar diligencia de entrada y registro en el Ayuntamiento para hacerse con los expedientes que guarden relación con la investigación» y conocer quiénes han intervenido en ellos. También «la entrada y registro del despacho profesional de P. M. P., pues en buena lógica será donde se conservarán los vestigios de su ilícito proceder».

Tras los registros del pasado julio y la detención del subinspector de la Policía Local, se desconoce si lo hallado por la UDEF ha confirmado o no que P. M. P. participó en el amaño de los contratos y fue recompensado por ello. Hasta la fecha lo único que se sabe es que los investigadores del caso atribuyen al subinspector cinco delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y fraude a la administración pública.

También que son seis los contratos que centran la investigación de la trama en Plasencia. El más cuantioso, de tres millones de euros anuales, es la concesión del servicio municipal de limpieza y recogida de basuras, ya que una de las empresas que forman parte de la UTE que lo gestiona es Valoriza, del Grupo Sacyr, que se encuentra investigada en la 'operación Enredadera'. Este es el único de los seis contratos en los que no ha participado P. M. P.

Los otros cinco contratos tienen que ver con productos y servicios relacionados con la Policía Local. El de mayor cuantía, de 35.000 euros anuales, es el del mantenimiento de los semáforos de la ciudad, adjudicado desde 2015 en licitación pública a la empresa Imesapi. Algunas de las conversaciones grabadas «han revelado la existencia de un concierto entre los responsables de Gespol y de Imesapi», señala la Fiscalía en el sumario.

Los otros cuatro contratos son menores, es decir, por importe de menos de 18.000 euros (o de 50.000 en el caso de que se trate de obras públicas).

Dos de ellos se refieren a productos contratados a la empresa Bilbomática S. A., concretamente la compra de un programa informático para la gestión de los partes policiales en el año 2013 por importe de 18.000 euros, y la adquisición de dispositivos GPS para los vehículos de la Policía Local en 2014 por una cuantía también de 18.000 euros. Bilbomática comercializa en exclusiva productos tecnológicos desarrollados por Aplicaciones Gespol S.L, la empresa del Grupo Sacyr en torno a la cual gira gran parte de la investigación de la trama desarrollada a nivel nacional.

Los otros dos contratos menores son también con Imesapi: la señalización luminosa de pasos de peatones en el entorno de colegios, contratada en 2014 por 8.500 euros, y la señalización horizontal de varias vías públicas, adjudicada en 2015 por 23.600 euros.