Un fallo del Supremo pone en riesgo la viabilidad del transporte sanitario en Extremadura

El Tribunal Supremo falló el pasado 17 de febrero que las denominadas horas de presencia, que son aquellas en las que el empleado no está realizando ninguna labor pero se encuentra a disposición de la empresa, deben considerarse como tiempo de trabajo en el cómputo anual. Actualmente no es así, con lo que ahora se necesitarían más trabajadores para cubrir los mismos servicios. En Extremadura afecta a Ambucoex, el consorcio al que se adjudicó esta licitación a finales de enero por un periodo de un año y que ya cuenta como único socio con la empresa Ambuvital.

Esta sentencia tiene su origen en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2020 dictaminó que tienen el carácter de horas extraordinarias todas las que superen la jornada anual de 1.800 horas recogida en el convenio colectivo para los trabajadores del servicio de emergencias que realizan turnos de 24 horas y 72 de descanso. En esos casos, se estimó que debía computarse como tiempo efectivo de trabajo las horas de presencia en la base o centro de trabajo.

El Supremo ha ido más allá y ha cambiado su doctrina anterior. Tomando como argumento varias directivas europeas, ahora establece que el sector del transporte sanitario no puede acogerse a la normativa española sobre jornadas especiales de trabajo, que permite distinguir entre tiempo efectivo y tiempo de presencia a disposición del empleador. Esto hace que la sentencia no solo afecte al personal por turnos, sino también a los que realizan otras labores.

En Extremadura, el fallo abarca al personal que hace guardias en los centros de trabajo (ya sean ambulancias, unidades medicalizadas o de soporte vital y centros de salud), al de los puntos de atención continuada, a los que se encuentran en la base de la compañía y a los trabajadores del transporte programado que actualmente realizan 40 horas de conducción a la semana más 16 de presencia para cuestiones como esperar a los pacientes a los que han llevado a una cita para llevarles de vuelta. En principio, no afectaría a los empleados que realizan guardias localizadas en su domicilio, ya que se estima que en esos casos no se cumple con el requisito de estar presentes en un centro de trabajo.

Eduardo Guardado, representante de Ambuvital, señala que la empresa cuenta con más de 1.100 empleados en la región. De ellos, en torno a 900 se ven afectados por el fallo del Supremo. Actualmente realizan más de 2.200 horas al año, en algunos casos incluso muy por encima, contando el tiempo efectivo y el tiempo de presencia, como así permite el convenio colectivo actual.

Con la sentencia del Supremo pasarán a un tope de 1.800 horas al año, a lo que se podrán sumar extras hasta un máximo de 80. En consecuencia, para poder cumplir con el contrato del Servicio Extremeño de Salud sería necesario incorporar a más trabajadores. Ambuvital estima que se necesitarían alrededor de 400, casi un 40% sobre la plantilla actual.

Esto tiene dos efectos. Por un lado, una reducción del sueldo de los trabajadores, que se exponen a perder tiempo de trabajo y complementos como el plus de guardia. Esto les puede llevar a cobrar unos 1.100 euros al mes, en torno al salario mínimo.

Por otro, un aumento de costes para la empresa. La compañía tendría que pagar menos a sus trabajadores actuales, pero a cambio incorporar a esos 400 empleados le supondría unos gastos mucho mayores debido a las cotizaciones, a lo que habría que sumar más material. Guardado estima que, solo en personal, supondría unos 9 millones de euros más al año. El contrato firmado en enero asciende a 39 millones por doce meses. De esa forma, si se cumple la sentencia del Supremo y la Junta de Extremadura no aporta más fondos, el contrato sería ruinoso y se darían las condiciones para liquidarlo.

Lander González Calvo, del sindicato USO, es el presidente del comité de empresa de Ambuvital en la provincia de Cáceres. Como explica, la formación estudia la sentencia para reclamar el pago como tiempo efectivo de las horas que se han realizado por encima de las 1.800 que reconoce el Supremo. Asimismo, apunta que este fallo cambia totalmente el panorama de la negociación del nuevo convenio colectivo, por lo que espera que en los próximos días se inicien de nuevo las conversaciones.

Pero también reconoce que se puede generar una situación no deseada. Pone como ejemplo un trabajador de una ambulancia de soporte vital básico, que actualmente en Extremadura puede llegar a hacer 2.700 horas al año con el convenio en vigor. De esa cantidad, buena parte son horas de presencia, de guardia en la base esperando algún aviso. Con la sentencia del Supremo no podría pasar de 1.800 horas al año. Eso limita el sueldo al salario base y el plus de transporte, lo que supondría unos 1.100 euros al mes, muy por debajo del actual, tal como estima la empresa. Por eso, espera que se llegue a un acuerdo para subir la base y acercarse a la media nacional, de unos 1.400 euros mensuales. «Hay muchos compañeros que están preocupados», afirma.

En cuanto a la empresa, estima que necesitaría unos 500 trabajadores más para cumplir el servicio actual, según estimaciones sindicales. Eso supondría más gasto y por tanto la Junta debería aumentar el valor de la prestación en vigor, así como revisar al alza la licitación actualmente en marcha para los próximos cuatro años. «No creo que ninguna empresa quiera estar en este contrato sabiendo esto», apunta. De lo contrario, será necesario reducir los servicios y por tanto prescindir de trabajadores.

En respuesta a HOY, el SES afirma que está valorando juridicamente el impacto que puede tener la sentencia.