Extremadura es la última del país en número de manifestaciones y de asociaciones

Solo hubo menos en La Rioja (298), pero esta comunidad tiene menos de un tercio de la población extremeña (325.264 habitantes frente a 1.051.901), lo que deja claro que nadie presenta una tasa por habitante inferior a la extremeña.

«Los datos avalan la hipótesis de que Extremadura, a lo largo de estos años, ha logrado una alta integración social y un elevado grado de conformidad con el sistema social, político y económico por parte de la mayoría de la población», valora Marcelo Sánchez-Oro Sánchez, diplomado en Trabajo Social, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Geografía y profesor de Sociología en la Universidad de Extremadura, además de articulista de HOY. «En general –sigue–, la población extremeña valora muy positivamente los niveles de bienestar social alcanzados en estos últimos decenios, y eso se manifiesta en una falta de conflictividad social». «En ese sentido –opina el sociólogo–, habría que decir que las instituciones políticas de la región tienden a encauzar de forma adecuada las demandas de la ciudadanía sin necesidad de generar movimientos de contestación social que tengan expresiones en la calle».

El informe de Interior aporta un segundo dato que habla sobre la sociedad extremeña. Es el número de asociaciones inscritas en el Registro Nacional. Al terminar el año pasado eran 606, una cantidad solo superior a la de Cantabria (599), Navarra (512) y La Rioja (218), pero ocurre en este punto lo mismo que en el anterior, esto es, que se trata de territorios con menos población. Cantabria tiene poco más de la mitad de habitantes que Extremadura, La Rioja no llega a un tercio como ya se ha apuntado antes, y Navarra está más de 300.000 por debajo, según las últimas cifras del INE.

«El nivel relativamente bajo de asociacionismo –analiza Sánchez-Oro– puede deberse a lo que algunos califican como una débil estructuración de la sociedad civil en Extremadura. En cierto modo, lo que viene a significar esto es que la representación de los intereses ciudadanos está en manos de organizaciones e instituciones públicas más que en lo que podemos calificar de sociedad civil. Se trataría de un modelo de sociedad muy dependiente de lo público, y por eso la organización civil, la sociedad civil, tiene menos desarrollo en nuestra región». En su opinión, «esto no es ni bueno ni es malo, es sencillamente un modelo de organización probablemente diferente al que existe en otras regiones o sociedades».

De cada cien manifestaciones comunicadas al Ministerio del Interior a lo largo del pasado ejercicio en la comunidad, 34 fueron convocadas por asociaciones ciudadanas (en total fueron 195), 24 por sindicatos (140) y 27 aparecen en la estadística oficial bajo el epígrafe de 'Otros promotores' (155 actos). Los comités de empresa o los trabajadores convocaron 51, los partidos políticos 26, ocho las asociaciones ecologistas y una los estudiantes.

Enfrentados estos datos a los del conjunto del país, destaca la menor actividad sindical en este apartado en la región. En España se celebraron el año pasado 31.715 manifestaciones comunicadas, y el 31% de ellas las promovieron los sindicatos. En la región, este porcentaje se queda en el citado 24%, o sea, a siete puntos de la media nacional.

En cuanto a la motivación que llevó a convocar esos actos de protesta, en tres de cada diez casos en la comunidad fueron asuntos laborales, y en 1,5 de cada diez, reclamaciones relacionadas con la sanidad. En números absolutos, hubo 176 por asuntos laborales, 86 por sanitarios, 51 contra la violencia de género, 44 ecologistas, 38 contra medidas políticas y legislativas, 37 debidas a problemas vecinales, 15 agrarias, cuatro de enseñanza, las mismas contra el terrorismo, tres con motivo del Primero de Mayo (fiesta del trabajador) y una estudiantil.

Llama la atención una cifra: las 71 por temas sanitarios celebradas en la provincia de Cáceres, sobre un total de 86 en el conjunto de la región. Esto significa que ocho de cada diez actos de este tipo con motivaciones relacionadas con la atención a la salud que se organizaron en Extremadura el año pasado tuvieron como escenario un municipio cacereño.

En buena parte de los casos, se trató de manifestaciones convocadas en pueblos para protestar por el cierre o la modificación de horarios o coberturas que prestan los PAC (Puntos de Atención Continuada), centros de salud o las ambulancias.

Además de las cerca de 32.000 manifestaciones comunicadas el año pasado en el conjunto del Estado, el Ministerio del Interior contabilizó 93 prohibidas, de las que ninguna tuvo como escenario una localidad extremeña.

«A la luz de estos datos, podemos preguntarnos si en Extremadura hay motivos para la protesta y la disconformidad», reflexiona Marcelo Sánchez-Oro. «Siempre los hay, pero en lo esencial, el modelo extremeño sugiere un elevado nivel de conformidad social con la situación que tenemos», responde el profesor de la UEx. «Eso –abunda–, no significa que no haya aspectos concretos, por ejemplo el tema de las infraestructuras o el sanitario, pero en conjunto, yo diría que el grado de conflictividad social es muy limitado».

«En una sociedad tan dependiente de los poderes públicos y de las organizaciones institucionalizadas –concluye–, la disconformidad se canaliza a través de estas organizaciones corporativas, y aquí el déficit de la sociedad civil es evidente. Pero yo creo que se debe a que hay un adecuado funcionamiento de lo público».

El experto plantea que «existe una corriente de pensamiento que incide en la idea de que Extremadura tiene una débil sociedad civil, y probablemente aceptemos esta idea a la luz de los datos referidos a las asociaciones». «Sin embargo –continúa–, yo no creo que eso sea negativo. Porque lo importante en una sociedad es que las demandas se canalicen y las instituciones públicas o privadas habiliten recursos para satisfacerlas. Si este juego está equilibrado, el conflicto disminuye. En el caso de que haya grupos que no encuentren acogida en las organizaciones públicas, entonces surge la sociedad civil, para representar estos intereses. Lo que a mí juicio evidencian estos datos es que esa sociedad civil es débil porque, en esencia, las demandas se canalizan a través de las instituciones de una forma relativamente aceptable».