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Uno de cada cuatro ocupados en Extremadura cobra del sector público. En ninguna otra comunidad autónoma tiene la Administración tanto peso en el mercado ... laboral.
No se trata de algo puntual. Aunque con variaciones –de mínimos ligeramente inferiores al 22% hasta máximos próximos al 28%– la tasa extremeña de trabajadores del sector público respecto al total del empleo regional siempre se ha mantenido como la más alta de todas las autonomías, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) que se remontan a 2002. En el primer trimestre de 2025 se quedó en el 24,9%, casi nueve puntos superior a la media nacional que se fija en el 16,1%.
Esa misma fuente cifra en 101.900 los trabajadores extremeños en el sector público para marzo del presente ejercicio y en 103.100 asalariados al cierre de 2024. Un volumen de empleo que supone que Extremadura soporte un enorme esfuerzo económico a la hora de hacer frente a los salarios públicos.
2.955 millones de euros
se destinaron en Extremadura en 2024 a la remuneración de los asalariados públicos
59,15% de los gastos corrientes
representaron las nóminas de la Administración en la región el año pasado
24,9% de las personas ocupadas
están en el sector público, según los datos de la EPA para el primer trimestre de 2025
El año pasado, la remuneración de los empleados de la Administración significó un desembolso cercano a los 3.000 millones de euros en la región, según los datos de Fedea. Por supuesto, la cuantía más elevada de toda la serie histórica.
Pese a que en números absolutos haya hasta once comunidades autónomas –todas a excepción de Baleares, Asturias, Navarra, Cantabria y La Rioja– que superan ese gasto en salarios públicos, Extremadura es la región para la que representa el mayor porcentaje respecto a su PIB (Producto Interior Bruto).
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Exactamente, los 2.955 millones de euros que se destinan a las nóminas de los asalariados del sector público en la región representa el 11,2% del PIB extremeño que utiliza en sus cálculos el IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
Ninguna otra comunidad se acerca a esa tasa. Todas se quedan por debajo del 9% y la media del conjunto de regiones está en el 6,7%. En el lado opuesto está Madrid, que está por debajo del 4%. Claro que en esta relación entran en juego dos variables, el volumen de trabajadores del sector público y el PIB; ambas se conjugan para que el dato extremeño sea el más elevado.
Por un lado el PIB de Extremadura es uno de los más reducidos del país –y el PIB per cápita es únicamente superior al de Andalucía– y, por otro, el número de trabajadores del sector público es elevado en relación al volumen de población. En este último factor juega un papel importante la geografía: las provincias extremeñas son las dos más grandes de España y tienen una población dispersa, lo que hace necesaria una plantilla más amplia de funcionarios para dotar de servicios públicos a todo el territorio. Además, el envejecimiento de los ciudadanos, también más acusado en Extremadura que en otras zonas del país, hace que los recursos sociosanitarios vinculados al sector público sean numerosos.
El esfuerzo que hace la Administración para afrontar los salarios se nota también en el peso que representan esas nóminas sobre el total de los gastos corrientes de la comunidad. Esa partida sumó el año pasado 4.995 millones de euros en Extremadura, siguiendo los datos de Fedea, y la remuneración de los asalariados significó más del 59% de esa cuantía. De nuevo fue la tasa más elevada de España y se situó seis puntos y medio por encima de la media nacional (52,7%). Tan solo Castilla-La Mancha (58,70%) y Aragón (58,69%) se acercan a la ratio extremeña: dos regiones con unas características semejantes a Extremadura en cuanto a extensión de las provincias y dispersión y edad media de la población.
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