Extremadura recibirá dos millones de euros para acoger a 159 menores migrantes

Para llevar a cabo el reparto, se han tenido en cuenta los datos aportados por las comunidades sobre sus diferentes redes de acogida y, según el Gobierno central, Extremadura cuenta con una capacidad ordinaria de 344 plazas y tiene ocupadas 374. No será, en cualquier caso la comunidad que más migrantes menores no acompañados reciba. En función de la distribución adelantada en diferentes medios nacionales por el Ministerio de Juventud e Infancia, serán Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571).

El Ejecutivo autonómico no ha rechazado de manera explícita la acogida de más menores migrantes por parte de la comunidad, pero sí que el reparto y sus condiciones no se hayan negociado en la conferencia de inmigración ni llevase aparejada la transferencia de más fondos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las regiones.

«Ahora mismo no podríamos acoger más niños a no ser que el Gobierno de España nos financie y podamos contratar más recursos para poder atender a estos niños como merecen», dijo entonces, cuando se dio a conocer el primer reparto, la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien incidió además en que la capacidad de acogida de la región «está superada».

La situación ahora es diferente porque, según los datos publicados, Extremadura recibiría dos millones de euros para hacer frente a la acogida de 159 menores migrantes. No obstante, cabe recordar, que la comunidad ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto estatal para el reparto de menores migrantes, ya que a su juicio «invade competencias exclusivas» del Ejecutivo regional en materia de protección de menores.

Así lo anunció el pasado abril la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en el que se ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de este recurso contra el Real Decreto de Ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.

En su intervención, la portavoz de la Junta justificó la interposición de este recurso en que «esta normativa invade competencias exclusivas» del Ejecutivo regional en materia de protección de menores, «vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional», y también «recurre de forma indebida al Real Decreto Ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural».