Extremadura rechaza que en Cataluña se decida cuántas hectáreas de cava se plantarán

Embotellado de cava en Almendralejo. :: BRÍGIDO/
Embotellado de cava en Almendralejo. :: BRÍGIDO

El Gobierno deja en manos del consejo regulador, controlado por bodegueros del Penedés, una medida que recaía en el Ministerio

CELESTINO J. VINAGRE

Cambio normativo de calado en el sector del vino en el último Consejo de Ministros antes de la convocatoria, otra vez, de elecciones generales. El Gobierno ha modificado el real decreto que regula el potencial de producción vitícola y ha establecido que sea el consejo regulador de la denominación de origen (DO) Cava el que determine cuántas nuevas hectáreas se pueden plantar cada año para producir espumoso de calidad. Hasta ahora, era el Ministerio de Agricultura el que tenía la última palabra.

Organizaciones agrarias como Apag Asaja y la Junta rechazan esta decisión. Consideran que la competencia a la hora de planificar la producción debe seguir siendo en exclusiva del Estado. Mientras, los bodegueros extremeños no se pronuncian con rotundidad sobre este cambio en el real decreto pero avalan que no aumente el número de hectáreas para nuevas plantaciones de cava debido a que el mercado tiene ahora dificultades para consumir el espumoso que se produce.

La DO Cava agrupa a 6.800 viticultores de siete comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco). Producen espumoso en 38.000 hectáreas. En la DO están inscritas 374 bodegas y 138 empresas elaboradoras de vino base, el necesario para hacer cava. Hay cuatro bodegas y otras tantas empresas elaboradoras en Extremadura, asentadas todas en Almendralejo.

Con sede en el municipio barcelonés de Vilafranca del Penedés, el consejo regular de la DO Cava está compuesto por un presidente, vicepresidente, seis vocales en representación del sector productor, seis del sector elaborador, un representante de las comunidades autónomas de la región del cava y uno del Ministerio de Agricultura. Productores y bodegueros catalanes controlan casi por completo ese consejo y, por tanto, son los que marcan las directrices a seguir.

Con el cambio en el decreto aprobado por el Ejecutivo de Sánchez, a partir de la próxima campaña será el órgano rector de la DO Cava el que decida las nuevas hectáreas que se podrán plantar cada año.

El Gobierno regional está en contra. Estudia recurrir judicialmente. La Junta no está de acuerdo con la redacción del nuevo real decreto porque «excluye la participación de las comunidades en la adopción de restricciones a plantaciones en denominaciones de origen de ámbito supranacional. Hasta ahora era preceptivo el informe de las comunidades autónomas afectadas», indica la Consejería de Agricultura a este diario.

Recuerda el Ejecutivo de Fernández Vara que, de acuerdo con la normativa comunitaria, el Estado Miembro es el que debe de tomar una decisión respecto a las restricciones de plantaciones en las denominaciones de origen. Con la redacción actual la competencia pasa a los consejos reguladores. Hasta ahora estos órganos emitían informes pero la decisión última correspondía al Estado. «Entendemos que este párrafo no es conforme con la normativa comunitaria. La Junta estudia recurrir la decisión una vez haya analizado en profundidad el decreto», informa el departamento que dirige Begoña García Bernal.

Los bodegueros dicen que las ventas al exterior han caído; se deben controlar las hectáreas, sostienen

También estudia jurídicamente la decisión Apag Asaja. En todo caso, tiene claro que va en contra de los intereses de los productores extremeños. Según su presidente, Juan Metidieri, existen intereses enfrentados entre los productores catalanes y los del resto de las regiones. Los primeros «quieren una limitación en el mercado para evitar una presunta situación excedentaria; los segundos, que no exista esa limitación puesto que las ventas del cava no catalán están creciendo».

Señala Metidieri que el Gobierno de Sánchez «ha cedido a las presiones de los productores catalanes». En 2017, el Gobierno de Rajoy introdujo el primer freno al cava extremeño avalando la petición del consejo regulador al limitar las nuevas plantaciones. Una medida que ratificó la campaña siguiente.

Los bodegueros extremeños prefieren no valorar el cambio para que ahora decida el consejo regulador sobre las nuevas hectáreas. Inciden que lo «realmente importante es lo que dicta el mercado», indica Evaristo de Vega, gerente de Bodegas Vía de la Plata. «De las 300 millones de botellas con la DO Cava que se produjeron la última campaña, 60 no se han vendido. Las ventas al exterior son mucho más dificultosas por la irrupción del prosseco (espumoso italiano). Plantar muchas más hectáreas de cava en España ahora no es muy lógico», concluye De Vega.

Extremadura estará a pleno redimiento en 2020

En 2015 la superficie para cava de la DO en la región, toda enclavada en el término de Almendralejo, era de 420 hectáreas. Un año más tarde subió ligeramente, 495. Pero fue en 2017 en el que, gracias básicamente a la autorización de derechos de replantación, cuando se logró llegar a 1.367. Ahora, según la información aportada por la Consejería de Agricultura a HOY, las hectáreas inscritas en la DOCava ascienden a 1.426. Sin embargo, no todas están en producción. Hay aproximadamente 1.200. Quedan por tanto otras 200 para ser cosechadas. Estas darán sus primeras uvas para espumoso a finales del año próximo. Este hecho es una de los aspectos que, a juicio de los bodegueros extremeños, hacen que «no sea necesario plantar muchas más hectáreas, al menos en este momento del mercado. Embotellamos la mitad de cava que podríamos alcanzar y todavía no tenemos a todas en producción. Se impone la prudencia», indica Diego Nieto, gerente de Bodegas Romale.