Extremadura pone en marcha el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida

El Consejo Asesor de Vivienda es un órgano de carácter consultivo y asesor de la Junta de Extremadura en materia de vivienda, con competencias de control global, información, seguimiento y propuesta de iniciativas.

Martín Castizo ha destacado que «es la primera vez que en Extremadura se va a poner en marcha un Registro de Demandantes de Vivienda Protegida», que servirá para tener datos reales de la situación y asentar en él la política de vivienda que desarrolla el Gobierno extremeño.

La gestión de esta nueva herramienta se hará de forma telemática, y el solicitante no tendrá que adjuntar ninguna documentación, sino que la Administración hará las comprobaciones de oficio.

Otra novedad importante de este decreto es que, de cara a la adjudicación de viviendas de promoción pública, «si en un municipio hay más viviendas que demandantes, se podrán adjudicar esas viviendas a demandantes de otras poblaciones cercanas, con el objetivo de que no haya viviendas públicas vacías en la región», ha explicado el consejero.

Respecto a las bases reguladoras a las ayudas a la vivienda protegida autopromovida, el titular extremeño del ramo ha recalcado el pago anticipado del 50 por ciento y que persigue frenar la despoblación en las pequeñas poblaciones, con ayudas de hasta 20.000 euros por beneficiario.

Además, con relación a las ayudas directas a la entrada, se incorpora una nueva línea de protección preferente para familias monoparentales.

También es novedoso, en esta ocasión dentro de las medidas relativas al plan estatal de vivienda, que la línea específica del programa incluye por vez primera como destinatario natural de este programa a los mayores de 65 años.

Por otro lado, Martín Castizo ha destacado el proyecto de decreto relativo a la simplificación administrativa, «para hacer la tramitación fácil a los ciudadanos». En este sentido, ha puesto como ejemplo que, cuando la norma esté en marcha, se unifica el período de protección de las viviendas a 20 años, por lo que si alguien quiere vender una vivienda protegida que compró en el año 1995 no tendrá que comunicarlo ni solicitar un precio máximo de venta a la Junta, como sucede en la actualidad, porque no será necesario ese trámite.

El consejero ha reiterado que estas medidas se unen a otras ya puestas en marcha por el Ejecutivo presidido por María Guardiola, para el que la vivienda «es una prioridad y un compromiso firme», y trabaja para que «en esta legislatura haya un antes y un después en esta materia».

A este respecto, ha recordado el aval hipotecario para que jóvenes de hasta 35 años cumplidos tengan acceso a su primera vivienda, la inversión de 32 millones de euros este año para facilitar el acceso a la vivienda y alquileres asequibles, o la colaboración público-privada para la construcción de más de 200 viviendas de alquiler asequible en la región.

El Consejo Asesor de Vivienda se ha celebrado este jueves de manera presencial, algo que no sucedía desde el año 2021, y han sido convocados 36 miembros entre instituciones públicas, partidos políticos con representación en la Asamblea, patronal, sindicatos, colegios profesionales, instituciones financieras, autónomos y Apamex.

Todos estos proyectos normativos han sido desarrollados en el propio Consejo también por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.