El Estatuto de Autonomía permite convocar ya elecciones anticipadas en Extremadura

Esta norma concede a la presidenta extremeña «bajo su exclusiva responsabilidad» la decisión de disolver de forma anticipada la Asamblea de Extremadura. Sólo establece dos requisitos. Uno es que no se puede tomar esa medida cuando está en trámite una moción de censura. El otro es que tampoco se puede llevar a cabo antes de que transcurra un año desde la anterior disolución. Ninguno de estos casos se da en la actualidad, con lo que Guardiola tiene a su alcance esa solución.

El decreto de convocatoria debe especificar el número de diputados que se elegirá en cada provincia, así como la fecha de las elecciones, que deberán celebrarse entre 54 y 60 días después, y el inicio de la campaña electoral.

Por lo tanto, como pronto los comicios tendrían lugar en septiembre, aunque eso implicaría que la campaña sería en agosto. Sería la primera vez que la comunidad recurriese a un adelanto electoral. Hasta la fecha, las autonómicas siempre han coincidido con las municipales.

El Estatuto de Autonomía también establece que los diputados cesan a los cuatro años de su elección o en la fecha de publicación oficial del decreto de convocatoria, tanto en el caso de disolución anticipada como en el de agotamiento de la legislatura.

De esa forma, unos nuevos comicios autonómicos podrían dar inicio a una nueva legislatura, con lo que la región se saldría del calendario habitual, salvo que volviera a haber un nuevo adelanto electoral. Así ha ocurrido en Castilla y León, que en 2022 celebró comicios anticipados y que por ese motivo no acudió a la cita de mayo del pasado año junto a otras regiones.

En otras comunidades autónomas donde también se adelantaron las elecciones, como Asturias (2012) y Madrid (2021), la nueva legislatura no duró cuatro años, sino sólo el tiempo que restaba de la anterior. Pero en ambos casos esa limitación está recogida de forma expresa en su estatuto de autonomía, lo que no sucede en el extremeño. Sin embargo, el Reglamento de la Asamblea de Extremadura establece que en caso de disolución anticipada por voluntad de la presidencia de la Junta la nueva legislatura durará hasta el término natural de la legislatura originaria, con lo que, de un modo u otro, volvería a haber elecciones en 2027.