Las empresas de la región piden ayudas directas y rebajas fiscales contra los aranceles

Santamaría ha intervenido a petición del PSOE, que reclamaba información sobre la respuesta de la Junta de Extremadura en apoyo de los productores de la región afectados por estos aranceles.

El consejero de Economía ha insistido en que las medidas deben partir de la Unión Europea y el Gobierno central y que es necesario esperar a conocer cómo quedan finalmente las tarifas, que ahora están congeladas a la espera de un acuerdo entre las partes.

Por ese motivo, el consejero extremeño se ha centrado en exponer las propuestas de los sectores afectados en la región, que se han trasladado al Ministerio de Economía pero que no se han incluido en la norma aprobada por el Gobierno central.

Como ha recordado Santamaría, el pasado 10 de abril se celebró una reunión con representantes de sectores afectados por los aranceles, entre los que estaban productores de tomate, aceituna de mesa, aceite, vino, ajos, chocolate, corcho, automoción, acero, aluminio, estructuras metálicas y organizaciones agrarias.

Los sectores trasladaron sus problemas, como el aumento de costes de exportación, negociaciones comerciales lentas y poco efectivas y ventajas arancelarias y normativas para países como Egipto, Turquía y China. Según Santamaría, también incidieron en el precio de la electricidad como factor crítico de competitividad y una excesiva carga fiscal y normativa.

Ante estos problemas, las empresas piden «una voz única desde España en Bruselas y la necesidad de un interlocutor único europeo para negociación con Estados Unidos». Para el consejero de Economía, no ha sido una buena idea el acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez a China.

Asimismo, reclaman medidas de apoyo urgentes con ayudas directas (financiadas con los ingresos generados por los aranceles), flexibilización y fomento de la competitividad, reducción de los costes energéticos y acceso a nuevos mercados (para lo que ya está en marcha un nuevo plan de internacionalización dotado con 21,7 millones de euros).

También sugieren «reequilibrar la PAC y la fiscalidad ambiental», redefinir los derechos de emisiones contaminantes y rebajar las cotizaciones y mejorar los incentivos fiscales a los sectores más expuestos. La Junta considera clave igualmente mantener la nuclear de Almaraz para garantizar la producción de electricidad a precios competitivos.

Santamaría ha recordado que en 2024 Extremadura vendió productos a Estados Unidos por valor de 57,6 millones de euros, lo que representa apenas el 1,7% del total de las exportaciones extremeñas. Pero el efecto indirecto de los aranceles puede afectar aproximadamente a 179 millones de euros en nuestra región por productos que se transforman en otras comunidades autónomas, principalmente del sector agrario. Por ese motivo, la Junta también reclama ayudas para estas empresas.

El diputado socialista Luis Tirado ha criticado que la Junta no ha puesto en marcha «ni una sola medida, no han hecho absolutamente nada». Según ha indicado, el Gobierno regional no ha planteado la concesión de ayudas directas, ni ha aprobado rebajas fiscales, ni cuenta con un plan frente a los efectos de los aranceles. En su opinión, se ha limitado a celebrar reuniones con empresarios y a realizar algún anuncio.

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha criticado que el consejero de Economía critique el acercamiento del Gobierno central a China, ya que son empresas de este país las que lideran proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y la fábrica de cátodos para baterías de Mérida. A su juicio, a Trump «hay que darle donde más duele», por lo que pide poner trabas a fondos de inversión como BlackRock, titular de la mina La Parrilla.

Javier Bravo, de Vox, se ha posicionado en contra de los aranceles, «ni de Trump ni de nadie». También se ha mostrado a favor del plan de internacionalización de la Junta y de la concesión de ayudas directas a los sectores más afectados, para lo que coincide en emplear los fondos que recaude la Unión Europea y el Gobierno central. Pero ha añadido que el Ejecutivo extremeño tiene que asumir su aportación.

Por último, la diputada popular Pilar Gómez de Tejada ha destacado el aumento de las exportaciones con el Gobierno de María Guardiola y ha lamentado que la norma aprobada por el Gobierno no recoge «ni una sola ayuda directa a las empresas», sino reasignación de fondos destinados a otros fines y propuestas de concesión de préstamos y avales. También ha reclamado el apoyo a la prolongación de la nuclear de Almaraz.