La empresa LEDA evita su liquidación tras superar un concurso de acreedores
La compañía de autobuses acuerda una quita del 50% de la deuda; tiene doce empleados y su única ruta es la concesión Mérida-Sevilla
«Es una segunda oportunidad para la compañía». José Emilio Cruz, consejero delegado de LEDA (Línea Extremeña de Autobuses), resume con esta frase que la ... conocida empresa de transportes vaya a firmar en los próximos días el convenio que supera el concurso de acreedores en el que estaba inmerso. El acuerdo con los acreedores, dentro de un plan de viabilidad, se ha logrado tras un año en el que LEDA ha estado en manos de un administrador concursal.
De esta forma, la compañía extremeña supera uno de sus peores momentos en la última década. Y no han sido pocos, por denuncias por impagos a sus trabajadores y por el desarrollo de huelgas como la indefinida que inició en mayo de 2019 y se prolongó durante dos semanas. Pero la solicitud de concurso de acreedores voluntario por parte de la propia empresa en julio del año pasado supuso un momento crítico.
El juzgado mercantil número 2 de Badajoz, de la que es titular la jueza María Victoria Dávila Arévalo, admitió ese concurso y designó como administrador del mismo a un despacho de abogados con sede en Barcelona, Abogados&Economistas Lugar. En los últimos doce meses la gestión diaria de la empresa ha recaído en sus manos mientras iniciaba los contactos para intentar reflotarla. Lo ha logrado.
«De un concurso de acreedores salen pocas empresas. No más del 10 o el 15% de las que entran, dice la estadística. Afortunadamente hemos salido, con la colaboración de mucha gente y un plan de viabilidad ajustado. Tenemos una nueva oportunidad», resume Cruz a este diario.
Ese plan de viabilidad, según ha podido conocer HOY, sale con la quita de un 50% por parte de los principales acreedores, las entidades bancarias, lo que ha supuesto una reducción fundamental de la deuda de LEDA. Ahora la compañía se compromete a abonar lo que debe en un plazo de cinco años.
«Llevamos unos años muy complicados. Hemos pasado de 67 trabajadores a 12 actualmente. Creo que eso lo explica todo», indica a este diario el delegado sindical José Luis García, de Comisiones Obreras.
Gran parte de la reducción de esa plantilla se debe a que LEDA dejó de hacer las rutas autonómicas que tenía, en concesión, por parte de la Junta de Extremadura. Todas han ido a parar a la empresa ALSA, empresa española filial del grupo británico Mobico dedicada al transporte de viajeros por carretera. Fue la que ha asumido gran parte de los conductores de la compañía extremeña.
«Los problemas vienen de lejos, así que cuando el año pasado se nos comunicó que LEDA entraba en concurso de acreedores no nos sorprendió. En este año que ha estado bajo el control del administrador concursal estamos al día en el cobro de las nóminas de los trabajadores. Esperemos que ahora vuelva a ser así«, agrega el delegado sindical.
LEDA mantiene una única ruta, una concesión estatal, la que hace el servicio entre Mérida y Sevilla. Es una de las que más viajeros mueve cada año y una mejor rentabilidad ofrece a las empresas de transporte en un sector que gestiona –dice– muchas rutas deficitarias. La empresa extremeña tiene la concesión de la Mérida-Sevilla hasta 2029.
El germen empresarial de LEDA es una sociedad creada en 1924 aunque no es hasta 1975 cuando usa la marca comercial de Líneas Extremeñas de Autobuses. Durante décadas ha realizado numerosas rutas dentro de la región extremeña y a otros destinos nacionales.
Sin rutas de bus escolar y con pasos por los juzgados
LEDA ya no realiza rutas de transporte escolar. Ni otras ajustadas a una concesión autonómica, que unían decenas de pueblos extremeños. Los conflictos tanto con la Junta como con sus propios conductores (que esta achacaba a los problemas de impagos de la Administración con ella), han derivado en que la compañía extremeña solo tenga activa una ruta, eso sí, muy interesante como por el número de viajeros es la Mérida-Sevilla, de concesión estatal. En 2019, la empresa recibió 112.000 euros, más intereses por la anulación en el juzgado de una veintena de sanciones impuestas en la gestión de rutas de transporte escolar. En 2016 ganó otro juicio al Gobierno regional por otro procedimiento. Recibió 23.000 euros.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
