El envenenador de Baños de Montemayor

«Ayer, cuando entre dos luces e impulsado por lo desapacible de la tarde, regresaba del Paseo de Cánovas donde había estado casi solo, me dijeron que Leandro I., el autor del doble parricidio de Baños que tan triste celebridad alcanzó en los anales del crimen, se había vuelto loco.

Para los que creemos en un Dios omnipotente y justiciero, para los que creemos en la voz de la conciencia, la noticia nos ha parecido un castigo ejemplar de la Providencia Divina y a la vez una prueba palmaria de su misericordia infinita, puesto que con esa locura dilata o impide la ejecución ciertísima de ese infeliz».

El periodista contó que había estado en la cárcel y que su director: le dio a entender «que algo había notado de anormal en el condenado a muerte. Ayer hablé con el señor capellán y éste me dijo clara y terminantemente que Leandro estaba loco».

Mirabal inició una corriente de opinión, que surgió en Cáceres para pedir al rey Alfonso XIII que librara de la ejecución al joven que en julio de 1903 acababa de ser condenado a muerte.

Leandro fue detenido el 13 de noviembre de 1901, después de confesar que había sido el autor de un «Crimen horrible», según aseguraba el periódico El Adelanto de Salamanca.

La Guardia Civil y el juez de instrucción acudieron a Baños de Montemayor el 12 de noviembre, para ver qué había ocurrido en este pueblo, ya que un matrimonio, Matías Santiago y su mujer Leocadia, había muerto el día anterior después de la cena. Se descubrió que habían sido envenenados y se detuvo al hijo que vivía con ellos.

Estando en el calabozo, le llevó la comida Feliciana R., la madre de su novia, y se sintió mal. Aseguró que ella le habían intentado envenar al igual que a sus padres. El juez ordenó que le asistiera un médico, el doctor Vega, que le hizo vomitar la comida con un fármaco.

Se supo que la última comida de los padres se la había preparado Feliciana, asegurando la gente que ella quiso matar al huérfano antes de que él le acusara. Hubo un careo entre los dos, en el que Leandro confesó que él había envenenado a sus padres, pero con la ayuda de Feliciana. Los dos fueron a prisión a la espera del juicio que tuvo lugar en julio de 1903. Escuchados los acusados y los testigos, los miembros del jurado decidieron condenar a muerte al hijo y absolver a la mujer.

Feliciana fue puesta en libertad, pero para mucha gente no era inocente. Lo contaba de esta manera Mirabal en el Diario de Cáceres:

«Se dijo que una mujer, madre de una joven con quien el condenado mantenía relaciones, tenía a su vez tratos con el padre del delincuente; se dijo también que esa mujer indujo al Leandro y le proporcionó un veneno para que asesinara a su madre con el fin de que el padre fuera libre.

Esa mujer ocupó un sitio junto al Leandro en el banquillo; esa mujer fue declarada inocente por el tribunal del jurado, que con su fallo la devolvió la vida y la libertad que había perdido. Y sin embargo esa mujer cuya inocencia declara y sanciona con sus firmas un tribunal popular, es apedreada en los pueblos por donde pasa, cuyos vecinos se niegan a recibirla en sus inmaculados hogares y la expulsan del recinto de su terruño».

Leandro tenía que ser ejecutado en la ciudad de Cáceres, pero desde que fue condenado en 1903 se inició un movimiento para lograr su indulto. La ejecución se fue aplazando hasta llegar al año 1909, en que al ser inminente la muerte del envenenador de Baños de Montemayor, arreció la campaña proindulto, siendo uno de los más implicados en evitar la ejecución el político Juan Muñoz Chaves, que consiguió del Ministro de Gracia y Justicia, que se parara hasta que el reo fuera analizado por especialistas, para saber si estaba o no loco.

El decano del Colegio de Abogados de Cáceres envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, en la que se señalaba que la Junta General del Colegio había acordado, por unanimidad, solicitar el indulto de Leandro, «cuya ejecución inhumana –decía el decano– se ordena ahora habiendo sido condenado en julio de 1903». Señaló que según los médicos que le habían atendido estaba loco y afirmaba: «Además, la verdadera autora según la conciencia pública fue absuelta por el jurado. En Cáceres fueron ajusticiados hace dos meses otros delincuentes, y es humano evitar la frecuencia de tristes espectáculos a esta ciudad».

También enviaron telegramas al Rey para evitar la ejecución: el alcalde de Cáceres J. J. de la Riva; el presidente de la Diputación, Grande Baudesson; el gobernador civil, el señor Banqueri; La Cámara de Comercio, y también la prensa de Cáceres.

Al final el joven Alfonso XIII acordó otorgar el indulto, cambiando la pena de muerte por la de cadena perpetua.

El 27 de octubre de 1909 el Rey firmó el indulto y la noticia era recibida con bastante alegría en los periódicos de Cáceres, una ciudad moderna y sensible que no quería ver más patíbulos y ejecuciones.