Los contribuyentes extremeños ahorrarán hasta 300 euros al año con la rebaja del IRPF de la Junta

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para aliviar los gastos de las familias y dinamizar el tejido económico, según expuso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Asimismo, expuso que se recurre a la figura del decreto-ley, destinada a casos urgentes, para actuar con celeridad ante la situación económica. Esta norma permite aprobar medidas de aplicación inmediata y sólo necesita recibir el visto bueno del Parlamento regional. De esa forma, evita los largos meses de trámites de un proyecto de ley, que requiere multitud de informes y el dictamen del Consejo de Estado.

Guardiola indicó que se trata de la primera bajada de impuestos que va a llevar a cabo su gobierno con el objetivo de actuar de forma rápida en la comunidad que tiene la tasa de pobreza más alta del país y está entre las tres con el PIB per cápita más bajo, y que además está en las primeras posiciones de presión fiscal.

La presidenta extremeña recordó que el PP lleva meses pidiendo una rebaja de impuestos, que de hecho ya planteó a finales de 2022 en la negociación de los Presupuestos autonómicos del presente año ante el aumento de la recaudación.

Esta propuesta se llevó después al programa electoral en los comicios del pasado mes de mayo con medidas muy concretas. El compromiso era aprobar en los cien primeros días de gobierno una profunda reforma fiscal, lo que también se trasladó al pacto de gobierno con Vox.

La medida llega por tanto antes de tiempo, cuando María Guardiola lleva apenas dos meses al frente del Ejecutivo autonómico. Pero no afecta a todas las figuras tributarias recogidas en el programa electoral y el acuerdo con Vox, que también incluye el impuesto de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales.

Aún así, esta rebaja fiscal, que según apuntó Guardiola es por ahora la primera y por tanto habrá más, afecta al impuesto más importante y que pagan prácticamente todos los contribuyentes, el IRPF. Por lo tanto, tendrá una gran incidencia.

La rebaja tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de este año. De ese modo, su efecto será casi inmediato. Aún no se podrá apreciar en la nómina, pero se notará en el bolsillo de los contribuyentes extremeños cuando realicen la declaración de la renta de este ejercicio, el próximo mes de mayo. En ese momento la liquidación será más favorable y llegará hasta 300 euros.

La reforma afecta a los dos primeros tramos del impuesto en la parte que corresponde legislar a la comunidad autónoma. El gravamen varía en función de la base liquidable, que se obtiene al restar a la base imponible las reducciones y deducciones a las que tiene derecho el contribuyente. Los tipos en la región son actualmente del 9,50% para los primeros 12.450 euros y del 12,50% (en este caso, el más alto del país) desde esa cifra hasta 20.200 euros.

La Junta los reduce al 8 y 10%, respectivamente, con lo que pasarán a ser los más bajos de las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra).

Esta modificación supone, al aplicar la tabla del impuesto, un ahorro directo de 380 euros. Pero bajar el tipo del primer tramo afecta al mínimo personal y familiar, la parte de renta que no tributa y que también se somete a la escala de gravamen. De ahí que la Junta estime un ahorro máximo de unos 300 euros al año, una cantidad que variará en función de la situación de cada contribuyente (número de hijos, condición de discapacidad, etc.).

Como este impuesto se paga por tramos, al reducir el tipo de los dos primeros la medida afecta a todos los contribuyentes. Para compensar su efecto, en los siguientes tramos se aplicará una subida. De 20.200 a 24.200 euros el tipo pasa del 15,5 al 16%; de 24.200 a 35.200 sube de 16,6 a 17,5%; y de 35.200 a 60.000 cambia de 20,5 a 21%. A partir de esa cifra ya no hay cambios, por lo que el impacto de la rebaja quedará estabilizado en unos 43 euros al año.

Para bases liquidables entre 20.200 y 60.000 euros el impacto estará por tanto entre 300 y 43 euros anuales. Será mayor cuanto más baja sea la renta.

Dentro de la reforma del IRPF, se eleva al 30% la deducción por las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de vivienda habitual, con un límite de 1.000 euros al año, que será de 1.500 para zonas rurales.

La Junta estima un impacto de 39,8 millones de euros sólo con las medidas del Impuesto sobre la renta. Guardiola destacó que la previsión de ingresos para este año era de 200 millones más por este gravamen (una cifra condicionada por la liquidación de 2020, que se practicó el pasado año y que explica en parte el incremento en este ejercicio), por lo que considera que en realidad se devuelve a los extremeños un dinero que es suyo. Además, el Gobierno regional confía en que con esta rebaja se incentive el consumo y la economía, con lo que aumentará la recaudación.

Asimismo, el decreto-ley incluye uno de los acuerdos del pacto de gobierno con Vox, la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad. Guardiola ha indicado que con esta bonificación del 100% se pretende fomentar la capacidad económica y la creación de empleo.

La Junta también ha acordado reducir el impuesto sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación. Guardiola ha indicado que se rebajará el tipo al mínimo, 14,75 %, que es el que se aplica a los vehículos más contaminantes y que en la región está en el 16%. Según ha indicado, se pretende promover la matriculación y evitar la deslocalización de las compras.

Por último, también se ha acordado la supresión del impuesto a viviendas vacías, una medida aprobada por el anterior gobierno, pero que nunca se ha llegado a aplicar.

La presidenta de la junta también ha indicado que en este decreto ley se incluirá otra medida del programa electoral del PP, la creación de una tarifa cero para nuevos autónomos. Consiste en una subvención de un año de duración para cubrir el coste de la tarifa, lo que supone 960 euros al año. Guardiola ha explicado que se trata de la primera medida de un plan de estímulo al trabajo autónomo.

El decreto-ley también contempla un aumento de las ayudas a las familias de acogida, que serán de 360 euros por menor; y ayudas directas a los productores de cereza por un máximo de 2.500 euros por hectárea.