Los grupos de la Asamblea se alejan del consenso en financiación autonómica

Manzano ha comparecido este jueves ante la comisión de estudio sobre financiación autonómica que se constituyó el pasado año en la Asamblea de Extremadura. Con su intervención se da por concluida la participación de expertos, tras lo que los grupos tendrán un plazo de diez días para registrar sus conclusiones. Tras esto, volverán a encontrarse para tratar de llegar a un punto en común.

La consejera de Hacienda ha pedido que se mantenga el consenso que fue alcanzado a comienzos del pasado año con una declaración institucional promovida por el Gobierno regional que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, ya que con la reforma del modelo «nos lo jugamos todo». Sin embargo, por lo visto este jueves, va a ser difícil que los distintos partidos coincidan en sus postulados, ya que en la reunión han incidido más en las diferencias que en las coincidencias.

El actual sistema de financiación está regulado por una ley de 2009, que establecía su revisión tras un periodo de cinco años. Sin embargo, no se llegó a llevar a cabo una renovación que coincidía en el tiempo con la crisis económica y financiera, a la que siguió la crisis sanitaria del covid.

Uno de los puntos de desacuerdo es precisamente quién debe promover la revisión del modelo y cómo afrontarlo, una discusión en la que los dos grandes partidos, PP y PSOE, están condicionados por sus posiciones nacionales.

Manzano ha planteado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de plantear un nuevo modelo de financiación. A su juicio, debe partir de la suficiencia financiera, con «recursos suficientes para prestar nuestras competencias». También debe respetar la autonomía financiera, que permite a las comunidades tomar sus propias decisiones en materia de fiscalidad. Asimismo, reclama garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad en todos los territorios; y defiende el principio de solidaridad para corregir desequilibrios e invertir en la regiones que más lo necesitan. En este sentido, ha vuelto a reclamar una mayor dotación para Extremadura.

Para Manzano, la única forma de conseguir estos objetivos es que el Gobierno central «ponga recursos encima de la mesa». Según ha indicado, cuando se aprobó el modelo en 2009 la recaudación estatal era de 144.000 millones de euros. El pasado ejercicio llegó a 300.000 millones, más del doble.

Sin embargo, el Ejecutivo regional pide que se mantengan los porcentajes de cesión en los términos actuales en los principales tributos, como el IRPF y el IVA, con un 50% de la recaudación entregada a las comunidades autónomas. Para Manzano, Extremadura necesita una caja central fuerte, que permita al Gobierno disponer de recursos destinados a la nivelación, el mecanismo de cierre del sistema con el que compensar desigualdades y atender necesidades de los territorios.

En ese sentido, ha criticado la propuesta de creación del cupo separatista catalán, ya que a su juicio supone eliminar la hacienda estatal en favor de un determinado territorio. También ha criticado el criterio de reparto del Gobierno sobre el nuevo impuesto a la banca, ya que considera que perjudica a Extremadura y beneficia a comunidades como Cataluña, de ahí que la Junta haya planteado un recurso de inconstitucionalidad.

Manzano ha insistido en que en el reparto de los fondos no puede tener tanto peso la población, como ocurre en el modelo actual, y hay que dar más importancia a parámetros como la superficie, ya que condiciona la prestación de servicios.

El nombre del Grupo Socialista, Jorge Amado ha recordado que esta comisión de estudio fue promovida por su partido con el objetivo de fijar una posición consensuada. A su juicio, la consejera de Hacienda, más que pedir un acuerdo, lo que ha hecho es atacar a Pedro Sánchez.

Amado ha coincidido en defender un sistema de financiación justo que tenga en cuenta la dispersión geográfica, el envejecimiento, la superficie y las necesidades de inversión. Pero ha añadido que «no se puede hablar de financiación sin hablar de fiscalidad», algo que a su juicio no quiere hacer la Junta con su defensa de la autonomía financiera. En contraposición, ha defendido la armonización fiscal con unas líneas fijadas por el Gobierno central, de modo «que tributen las personas y los territorios»; y ha criticado que el Ejecutivo extremeño haya promovido rebajas fiscales que fomentan la competencia entre las comunidades autónomas, como la reciente deducción del IRPF para nuevos residentes.

Por parte del Grupo Popular, Hipólito Pacheco ha criticado la condonación de deuda y el impuesto a la banca, dos medidas del Gobierno central que a su juicio favorecen especialmente a Cataluña. También se ha mostrado en contra de una hacienda propia catalana por cómo puede afectar a Extremadura. Asimismo, ha defendido la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y su capacidad para aprobar medidas que permitan impulsar la economía, ya que fomentan el ahorro, la inversión y el consumo, lo que redunda en un aumento de la recaudación. En su opinión, es lo que ha conseguido Extremadura con las medidas aprobadas por el Ejecutivo regional.

Javier Bravo, de Vox, ha coincidido en señalar que se necesitan más fondos para los servicios esenciales y en reclamar más inversiones para Extremadura, pero considera que el principal problema de la financiación autonómica es un modelo que genera despilfarro y desigualdad entre las comunidades. De ahí que considere necesario un sistema centralizado y que reparta por igual, sin cupos que favorezcan a determinados territorios.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, ha indicado que para llegar a un acuerdo es necesario escuchar las opiniones de todos los grupos y para eso «hay que quitarse el carné del partido y ponerse el de la mayoría social de Extremadura». Ha coincidido en señalar que el sistema necesita más fondos para que las comunidades puedan prestar sus competencias, pero ha añadido que «no se puede separar fiscalidad de financiación» y que la armonización debe estar en el debate.