La Confederación del Guadiana duplica en un año las sanciones por abrir pozos ilegales

En Extremadura ese problema no es tan acuciante como en Doñana o en la vecina Ciudad Real, territorio también e la CHG, porque aquí hay embalses y de gran capacidad. «En Ciudad Real las tomas de agua son subterráneas pero en Extremadura las hay de aguas superficiales gracias a los grandes embalses y eso aporta mucho para la agricultura», explica Nieva para fijar por qué tradicionalmente los expedientes para sancionar se han concentrado en territorio manchego.

Así, en el año 2021, fueron 647 las sanciones impuestas en la vecina provincia. Mientras, en la provincia pacense se situaron en 96 en ese mismo año.

De esos 96 expedientes se han pasado a 181 el año pasado, esto es, un 88,5% más. En lo que llevamos de 2023 las sanciones tramitadas por la CHG alcanzan ya las 78.

En el caso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el año pasado se abrieron 23 expedientes y se han resuelto 16. En lo que va de año, no se ha abierto ninguno en la provincia cacereña.

Nieva señala que las sanciones son necesarias porque, además de una labor concienciadora sobre el uso del agua, se debe desarrollar otra inspectora. Punitiva al final. Lo establece la ley.

«Hemos aumentado el esfuerzo inspeccionador», resume el comisario de Aguas, quien especifica que el trabajo de control se desarrolla sobre siete masas de agua subterránea en la provincia pacense aunque el foco principal es el acuífero de Tierra de Barros. Está sobreexplotado, por lo que está declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Abarca una superficie de 1.727 kilómetros cuadrados de 23 términos municipales. Es una masa de agua bajo tierra situada entre 30 y 50 metros de profundidad, que se nutre del agua de lluvia a través del eje del Guadiana.

«Nos estamos esforzando en un control en ese acuífero porque es el peor estado presenta pero no nos olvidamos de las Vegas Altas y las Bajas, por ejemplo, que aunque cuentan con la aportación del agua de los embalses también tienen tomas subterráneas», confirma Nieva.

Esa labor la realiza la CHG con personal propio y con agentes del Seprona. La presencia de la Guardia Civil en la detección de infracciones que luego derivan en multas es fundamental porque la institución hidrológica necesitaría más personas para abarcar con más efectividad el vasto territorio pacense que debe vigilar.

Con la Guardia Civil hay un convenio, el del programa Mizu, que en los últimos tiempos ha aumentado la vigilancia para la búsqueda de pozos ilegales. Ese convenio se ha renovado.

Las sanciones son habitualmente de 2.000 euros por expediente abierto que acaba siendo sancionador. Por lo tanto, la cuantía total de las multas desde 2021 hasta lo que llevamos de año asciende a una cifra muy cercana a los 518.000 euros. Desde 2019, la CHG ha optado por unas multas más disuasorias que las que hasta esa fecha tenía vigente, que se situaba entre 300 y 600 euros.

En el caso de la CHT, los 16 expedientes sancionadores del año pasado han conllevado 6.960 euros de multa en total. «Hay escasez de agua a todos los niveles y se impone, de verdad, una mayor concienciación, responsabilidad, en las personas, sean agricultores, ganaderos o no lo sean, que cogen agua», añade Ángel Nieva a este periódico.

Al mismo tiempo, es imprescindible poder desarrollar un trabajo inspector y de control lo más amplio posible. En este sentido, en Castilla-La Mancha, una sentencia del Tribunal Supremo haya supuesto un revés en este sentido. El Supremo, a través de una sentencia conocida a finales de 2020, anuló la capacidad de la empresa pública Tragsa para imponer sanciones en nombre de la Confederación Hidrográfica.

La Sala Tercera del Supremo dio la razón a un agricultor de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que recurrió el cierre de un pozo. «El derecho administrativo y su ejercicio, máxime si éste es sancionador, no puede descansar en empresas integradas por personal no funcionario ajeno a la Administración pública», decía el auto.

La sentencia va a suponer un cambio en el sistema sancionador, vaticinó el abogado de ese agricultor al que se le anuló la sanción porque la tramitó Tragsa y no un funcionario de la Confederación. Si en 2021 la CHG tramitó 647 expedientes sancionadores en Ciudad Real, en 2021 cayó la cifra a 382. En lo que llevamos de año van 255 denuncias que conllevan sanción.