La Comisión Europea estudiará si procede aplazar el cierre de Almaraz

Tras escuchar las razones de la plataforma, expresadas por su presidente, Fernando Sánchez, y las de los diputados de varios partidos políticos, la presidencia de la sesión, ejercida por la eurodiputada Dolors Montserrat, del PP, ha atendido la solicitud dictando cuatro resoluciones. En primer lugar, ha determinado que la solicitud se mantenga abierta. En segundo, que se requiera por escrito sobre ella a la Comisión Europea. Como tercer punto, asegura la presidencia que los planteamientos sobre energía nuclear sí son competencia de la Comisión Europea porque esta fuente ha sido declarada como una energía de transición y verde. De esta forma, expresaba la presidencia su posición en el debate surgido durante la sesión sobre la competencia o no de las instituciones europeas en esta materia. Y en cuarto y último lugar, la Comisión de Peticiones ha trasladado a la plataforma que no es competente para atender su solicitud de que la Comisión Europea organice una misión de investigación 'in situ' en Almaraz. «Esa petición debe atenderla la reunión de coordinadores de portavoces, que se reúne dos veces al año», ha informado Montserrat.

La resolución tomada este lunes por la Comisión de Peticiones no cambia los planes sobre la central nuclear extremeña. Sí que respalda los argumentos de la plataforma 'Sí a Almaraz sí al futuro', pero no obliga al Gobierno español a modificar su hoja de ruta sobre el apagón nuclear, que como es conocido, establece que los siete reactores operativos a día de hoy en España irán dejando de funcionar paulatinamente, el primero de ellos uno de los dos de Almaraz en noviembre del año 2027, y el otro un año más tarde, y el último en la central de Trillo (Guadalajara) en el año 2035.

La petición de prórroga para la instalación ubicada en la comarca de Campo Arañuelo ha contado con el apoyo del Partido Popular pero también con el del PSOE. En los dos casos, la posición la han expresado eurodiputados extremeños: la exalcaldesa de Cáceres Elena Nevado del Campo por el PP y el ex vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, por el Partido Socialista. Ahora bien, uno y otro con argumentos distintos.

Según este último, «ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo tienen competencias para cambiar el mix energético de cada país, que es una decisión de cada Estado. Son soberanos en esta materia, y deciden en función de sus recursos, su tradición o las circunstancias de su mercado energético«. Además, Sánchez Amor ha puesto el foco sobre las empresas propietarias de la central (en el caso de Almaraz, Iberdrola en un 53%, Endesa en un 36% y Naturgy posee el 11%). «Escuchando algunas intervenciones -ha dicho-, parece que la central de Almaraz fuera propiedad del Estado, cuando es de tres empresas, y es a ellas a quienes les corresponde pedir la prórroga, una petición que creo que aún no se ha formalizado. Esperemos que una vez que lo hagan, la negociación dé lugar a un alargamiento de la vida útil de la planta«.

Por su parte, Elena Nevado ha asegurado que el cierre de Almaraz «tendría un profundo impacto en Extremadura, España y Europa», y que «causaría un daño irreversible, al encarecer un 23% la factura de la luz que pagan los hogares y hasta un 35% la de las pymes«. »La continuidad de Almaraz no es solo una cuestión energética, sino de justicia económica, social y territorial«, ha afirmado la eurodiputada popular extremeña, que ha asegurado también que «la decisión de cierre parece responder a una lógica ideológica», y que «las energías renovables no ofrecen la estabilidad que necesita el sistema, y la prueba fue el apagón del pasado 28 de abril, que afectó no solo a España, sino también a Portugal y Francia«.

Sobre esto último, Sánchez Amor le ha respondido que «las referencias al apagón para defender a Almaraz no es son las mejores, porque ese día, la central nuclear se quedó a cero, sin verter energía a la red«.

«Debemos encontrar una solución para Almaraz«, ha dicho el presidente de la plataforma durante su intervención. »No es un problema de Extremadura, ni siquiera del conjunto de España -ha añadido-. Es un problema de toda Europa. Y la Unión Europea tiene toda la legitimidad competencial para involucrarse, y también poderosos motivos políticos y geoestratégicos«. Fernando Sánchez Castilla ha recordado que la decisión de cierre, firmada por las empresas propietarias de la central y el Gobierno a través de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) «se tomó en un contexto muy distinto del actual. Con una previsión de capacidades de almacenamiento que hoy sabemos que no se alcanzará. Y en un escenario geopolítico radicalmente distinto.» En este nuevo escenario, ha afirmado que «cada vez somos más los que tenemos clarísimo que cerrar Almaraz sería un enorme error.»