La Audiencia Provincial de Badajoz fija para el 3 y 4 de mayo el juicio del exalcalde de Oliva de la Frontera

García está encausado por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y uno de falsedad documental. Se le pide cuatro años y seis meses de prisión y 19 de inhabilitación para cargo o empleo público. Por eso se sentó en el banquillo de la Audiencia el 17 de octubre pasado. Según la Fiscalía, cometió delito cuando subvencionó el recibo del agua que pagaron los vecinos entre 2013 y 2014, unas ayudas que el Ministerio Público considera ilegales porque se financiaron con unos fondos que debían destinarse a la mejora de las redes de saneamiento y depuración del pueblo.

Las subvenciones las concedió el Ayuntamiento a los vecinos para suavizar los efectos que tuvo una brusca subida del precio del agua. Ese incremento se produjo cuando el Consistorio encargó la gestión del servicio municipal del agua a Promedio, un cambio que conllevó la aplicación de las tarifas que tenía ese consorcio para todos los municipios de la provincia. La subida fue muy brusca y llegó a provocar manifestaciones en Oliva de la Frontera, un rechazo al que respondió el entonces alcalde subvencionando una parte del recibo.

El fiscal entiende que tanto él como el entonces arquitecto municipal certificaron unas obras que nunca se realizaron, acusación que rechazó el exalcalde después de que su abogado plantease la posibilidad de que la actual alcaldesa socialista presentara, adujo, informes y expedientes manipulados para conseguir que García se sentase en el banquillo.

A causa de ese motivo, el juicio de octubre pasado se suspendió al poco de empezar. La Sala, «a la vista de la complejidad y de la importancia procesal y sustantiva» de esa cuestión, decidió suspender la vista temporalmente y concedió a las partes un plazo de diez días para presentar alegaciones. La Audiencia ha comunicado su decisión a finales del pasado mes de diciembre. Ha desestimado la petición de nulidad previa solicitada por la defensa del exalcalde y también del que fuera arquitecto. Y señala que el juicio se reanudará los días 3 y 4 de mayo.

La Audiencia Provincial pacense recuerda que solo tras las sesiones del juicio podrá decidirse, «con pleno conocimiento tras examinar y valorar todo el material probatorio, qué haya de decidirse sobre la supuesta nulidad de las pruebas impugnadas».

Una decisión «previa al respecto sería muy precipitada, poco prudente y desaconsejable desde el punto de vista procesal (...). Es evidente que este tribunal no es un órgano instructor y entre sus cometidos está el de enjuiciar, no el de investigar».

Por eso resuelve celebrar el juicio. «En la sentencia que se dicte se dará cumplida respuesta a todas las alegaciones vertidas por las partes (...). El debate no parece ser tan aparentemente simple como plantea la defensa».