Las asociaciones de discapacidad piden que se cambien las subvenciones por conciertos

La petición que ha lanzado es la que se lleva realizando «durante décadas a todos los gobiernos» por parte del sector de la discapacidad y que continúa sin atenderse. Pedro Calderón ha pedido a los políticos que dejen el enfrentamiento en una materia que busca dar respuesta a las necesidades de un colectivo vulnerable que requiere el respaldo de todos para garantizar sus derechos.

Ha recordado que son las asociaciones del sector, «en las que hay personas de todas las ideologías», las que suplen el deber de la administración de dar respuesta a esas necesidades a través de unos servicios que prestan con «calidad y cercanía» y gestionando de manera eficaz los recursos públicos. «Esta red de centros de las asociaciones hacen el trabajo de la administración a un precio mucho más bajo».

Pero reclaman que se acaben las subvenciones y se amplíen los conciertos a todos los servicios, «para que sea posible que trabajadores y proveedores cobren en un tiempo razonable, porque somos entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, nuestros únicos ingresos son los recursos públicos». Entonces, «¿cómo hacemos para mantener un servicio desde el 1 de enero si la subvención no llega hasta cuatro u ocho meses después», ha preguntado a representantes de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura en la Asamblea.

El Cermi clama por el cambio en el sistema de financiación y Vox ha registrado este miércoles una propuesta en la Asamblea para concertar todos los servicios incluidos en el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex). La iniciativa, ha explicado su portavoz Óscar Fernández, busca mejorar la estabilidad laboral y la calidad en la atención de los servicios esenciales para las personas con discapacidad. «Es urgente y necesario consolidar un sistema eficiente de atención», ha argumentado.

Fernández ha recordado que «aunque se han concertado servicios como centros de día, habilitación funcional, atención temprana y centros ocupacionales, las residencias y viviendas tuteladas —servicios esenciales y con altos costes de gestión— han quedado fuera de este régimen de financiación a pesar de que desde 2016 se viene prometiendo una solución definitiva para concertarlos».