La Asamblea investigará la contratación de personal en las empresas públicas desde 2007

Blanca Martín, en el arranque del pleno en la Asamblea: / BRÍGIDO

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REDACCIÓN | EFE

El PP ha sacado adelante esta mañana la creación en la Asamblea de una comisión de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de la Junta de Extremadura desde el año 2007 a la actualidad gracias al apoyo del PSOE y de Podemos.

El diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha justificado esta petición, que ha salido adelante por unanimidad, con el caso de la sociedad Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa), que, a su juicio, se ha convertido en «una agencia de colocación del PSOE». A ello ha unido el «escapismo» del Gobierno regional frente a las preguntas del PP sobre Gisvesa, que contrató a 19 personas «vinculadas» a los socialistas para encargase de encomiendas de gestión, según Sánchez Juliá. El parlamentario popular ha subrayado que a las seis peticiones de información del PP sobre esta empresa pública, el «telón de acero» del Ejecutivo regional ha respondido con «silencio» o con contestaciones incompletas. «¿Cómo es posible que uno de cada dos contratados tenga vinculación directa con el PSOE?», ha preguntado Sánchez Juliá sobre esas 19 contrataciones.

En un principio, el PP anunció que pediría la creación de una comisión de investigación exclusivamente sobre el caso Gisvesa, pero finalmente la moción del PP abarca a todas las empresas públicas de la Junta desde el año 2007. Es decir, además de la actual, comprende la anterior legislatura de Fernández Vara y la que gobernó José Antonio Monago.

Esta mañana, Sánchez Juliá aclaró que el de Gisvesa no es ni personal de confianza ni directivo -(«no confundan a los extremeños»)-, y ha recalcado que son contrataciones que deberían regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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Sánchez Juliá ha lanzado una serie de preguntas, como qué pruebas se realizaron a esas personas y quién las llevó a cabo, y ha planteado qué estará pasando en el resto de empresas públicas de Extremadura.

Por ello, para dar «luz» frente a la falta de transparencia de la Junta de Extremadura, la propuesta abarca al conjunto empresarial autonómico, y desde el 2007, ya que «no hay nada que esconder», ha apuntado.

El diputado socialista David Labrador ha considerado que la propuesta del PP es una «cortina de humo para tapar sus vergüenzas» y las encuestas que no les son favorables, y porque en Extremadura se han quedado en «fuera de juego» con los presupuestos autonómicos.

Labrador, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los 1.200 trabajadores de las empresas públicas, ha asegurado que las contrataciones se ha hecho por medio de convocatorias públicas transparentes y de libre concurrencia, y en las que el criterio ha sido el mérito y la capacidad.

Además, ha acusado al PP de «usar» la enmienda sobre Gisvesa que presentó el PSOE a los presupuestos autonómicos, dirigida a ampliar el capital social, para decir que era para gastos de personal. A pesar de las críticas al PP, Labrador ha señalado que no tienen ningún inconveniente en abordar este asunto en un comisión de investigación.

El diputado de Podemos Daniel Hierro ha adelantado su voto a favor porque, a su juicio, el «neocaciquismo» existe en la Junta y en los ayuntamientos y no solo por parte de un partido. Ha considerado que las empresas públicas no se pueden convertir en un «sumidero» a cambio de votos debido a las necesidades que tienen la gente. Hierro ha pedido que, al contrario de lo que ocurrió con la comisión de investigación de Acorex, que fue a puerta cerrada, ésta sea abierta a los periodistas. El parlamentario del Podemos, que ha pedido al PP que también exija a los suyos en materia de transparencia, ha señalado que la petición de los populares se produce por lo ocurrido con los presupuestos autonómicos.