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El PSOE impide que haya una comisión de investigación sobre geriátricos

La Asamblea convalida el decreto que regula la transición a la nueva normalidad

REDACCIÓN/ efe

Jueves, 9 de julio 2020

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La Asamblea de Extremadura rechazó ayer, con los votos del PSOE, la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la crisis de la covid-19, propuesta por el PP y que fue apoyada por el resto de la oposición.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, justificó la creación de la comisión porque los familiares de las víctimas «no quieren más excusas, sino saber la verdad» de lo que ha ocurrido.

Las residencias de mayores han sumado más de 400 fallecidos en Extremadura, donde nueve de cada diez muertos se han producido en estos centros, subrayó Teniente.

Los diputados de Unidas por Extremadura y Ciudadanos, Joaquín Macías y Marta Pérez Guillén, avanzaron su voto a favor en parecidos términos a los expresados por la diputada del PP con el fin de mejorar el sistema.

No obstante, Pérez Guillén precisó que no serán participes de ningún «juego político» con el número de fallecidos ni con el luto.

El diputado socialista Vicente Valle pidió disculpas a los familiares por tratar una propuesta «con tan poca altura moral».

En su opinión, el PP ya ha sentenciado y condenado «y ahora quieren que se celebre el juicio». «Busquen soluciones y no culpables; si buscan culpables dejen trabajar a la Fiscalía», reclamó a los populares.

Valle, que consideró que la «batería de recortes del PP» puso en peligro la viabilidad de los servicios sociales para la dependencia, achacó esta iniciativa parlamentaria a una cuestión táctica del PP nacional para tapar la gestión de la Comunidad de Madrid y derribar al Gobierno central.

Por otra parte, el Pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto-ley que regula la transición hacia la nueva normalidad, que incluye medidas en las diferentes áreas de gobierno, entre ellas la sanitaria, dotando a la Junta de cobertura legal para poder confinar y aislar a la población, y también la económica, con facilidades para los proyectos empresariales que inviertan más de diez millones de euros.

El fin es también «garantizar una respuesta sanitaria ante posibles e indeseados rebrotes», ha manifestado la vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales, en la exposición de este Decreto-Ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social, que ha recibido el voto favorable de PSOE y Cs, el negativo de Unidas por Extremadura y la abstención del PP.

La consejera ha pedido el apoyo de sus señorías porque «debemos compatibilizar la actuación preventiva con el acompañamiento, el impulso y la reactivación económica sin dejar de lado a los más desfavorecidos de la crisis».

El alcance del decreto, ha explicado, es empresarial, de movilidad, de producción agraria, de agilidad administrativa y para la protección de la salud en cumplimiento de las medidas de prevención.

De este modo se regulan los Premia, los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico, para ofrecer facilidades a aquellas iniciativas que inviertan más de diez millones de euros y asuman un compromiso de creación de empleo.

Se prorroga la posibilidad de apertura comercial en días no hábiles a fin de evitar las aglomeraciones, se refuerza las estructuras de la producción agraria e industrial agroalimentaria y se modifican aspectos relacionados con el uso de los terrenos forestales para compatibilizar la lucha contra los incendios y la actividad agrícola.

La reducción de cargas administrativas para las atracciones de feria, la autorización para la prestación a demanda de servicios regulares de uso general de viajeros por carretera, y la regulación del trasladado en taxi para pacientes cuyo estado de salud no necesite asistencia sanitaria para efectuar su desplazamiento también son objeto de esta norma.

En materia sanitaria se dota a la Junta de cobertura legal para poder confinar y aislar a la población, en el caso de que se produjeran rebrotes de la covid-19, se adopta una medida especial de intervención sanitaria en centros residenciales para personas mayores, y se adapta el régimen de infracciones con sanciones pecuniarias que tienen una graduación en función de la gravedad.

Por el Grupo Popular, el diputado Laureano León, tras aclarar que apoyan las medidas sanitarias que plantea el decreto, ha advertido de éste que no conlleva compromiso de gasto público, por lo que se ha preguntado cómo se impulsará la actividad económica sin recursos económicos, a su juicio «porque no los tienen».

Ha acusado además al Ejecutivo de intentar modificar «por la puerta de atrás» seis leyes autonómicas cuando a su juicio no hay necesidad, y ha señalado que los populares sí apuestan por grandes proyectos empresariales, pero también de los medianos y pequeños «de los que ustedes aquí se están olvidando».

Por Ciudadanos, el parlamentario Joaquín Vicente Prieto Tobalo ha tildado de «positiva» la regulación de los Premia, pero ha reclamado un mayor debate para su regulación, mientras que por Unidas por Extremadura, el diputado Álvaro Jaén ha afirmado que estos proyectos le suenan mucho «a aquella ley de ocio, que era de casinos», regulando un sistema con el que «estamos compitiendo a la baja»,

En representación del Grupo Socialista, la diputada Estrella Gordillo ha destacado que el decreto demuestra que el Gobierno ha ido dando respuesta a los retos del coronavirus en base a un modelo «que prioriza a las personas y refuerza los servicios públicos», así como el diálogo y la concertación social.

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