Alejandro Vélez y otros siete candidatos en las últimas elecciones abandonan Vox

El concejal en el Ayuntamiento de Badajoz Alejandro Vélez, sus dos asesores Juan Antonio Morales y Antonio Pozo Pitel, así como otros cinco concejales del partido en distintas localidades de la provincia han anunciado que abandonan Vox, partido de ultraderecha en el que militaban hasta ahora.

En un comunicado remitido esta mañana, aseguran que dejan la formación política por considerarlo «un partido antidemocrático, que somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley«. Añaden que los concejales no dejarán sus actas de concejal, si no que pasarán a ser concejales «no adscritos» en sus respectivos ayuntamientos.

En concreto, además de Vélez han tomado esta decisión Antonio Pozo, que además de ser asesor en el Ayuntamiento de Badajoz es concejal en Guadiana, y José Antonio Morales, igualmente asesor de Vélez pero que fue candidado de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Asimismo, también se suman los otros cuatro ediles de Vox en Guadiana, José Andrés Gámez Gordillo, Marce Cuéllar Sánchez, Alicia Plaza Velasco y Francisco Miguel Paiva Méndez; y María Isabel Gragera, hasta ahora concejal de Vox en Lobón.

Como es sabido, Vox tiene en marcha un procedimiento para expulsar a Vélez del partido, decisión hasta ahora rechazada por la Justicia. Entre otras diferencias, la formación instó a su único concejal en Badajoz a que prescindiera de sus dos asesores.

En el cómunicado hecho público por los hasta ahora ocho afiliados de Vox, estos aseguran que una de las causas de su marcha está en la sentencia que precisamente declaró nula la expulsión de Vélez. Además, añaden que «Vox es un partido antidemocrático porque la disciplina interna del partido es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa. El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los grupos municipales o asambleas legislativas«.

Asimismo, afirman que han sido objeto de «técnicas indecentes como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente. Todas las pruebas relativas a estas prácticas se enviaron al secretario general, el vicesecretario de Organización y el Comité de Garantías, a los efectos de su investigación interna y no hubo reacción alguna«.

El comunicado cita también que «los órganos provinciales se componen de personas de perfil muy bajo. Cuanta menos preparación y experiencia profesional se tenga, mejor puesto se obtiene. Ningunean a los concejales que no son afines, apartándolos caprichosamente por parte del responsable regional en el Grupo de Telegram. El objetivo es que la Gestora Provincial sea un simple escaparate ante los afiliados, para así el Diputado de turno ejercer su poder sin transparencia«.

De la misma manera, los ediles díscolos afirman que Vox es un partido sin principios porque «engañan a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente«.

Asimismo, inciden en que es un partido anticonstitucional, ya que no se considera «afectado por las decisiones judiciales, incumpliendo así el artículo 118 de la Constitución Española, ya que consideran que están por encima de ellas». Añaden que «ningún candidato o cargo electo puede publicar en sus redes personales, o manifestar libremente lo que considere oportuno. Hay que pasar por un filtro interno de censura previa, y en caso contrario, las represalias son inmediatas».

Finalmente, aseguran que Vox no se somete al estado de derecho, ya que «incumple de manera flagrante la normativa sobre protección de datos de los afiliados».

Por su parte, la dirección de la formación de ultraderecha en la provincia de Badajoz ha pedido en una nota de prensa «que para cumplir honestamente con el mandato emanado de las urnas, debería devolver el Sr. Vélez su acta a la formación política por la que obtuvo su representación». Además, aseguran que la salida de Juan Antonio Morales, Alejandro Vélez y Antonio Pozo Pitel del partido da la razón a la decisión que «ya tomó en su momento el Comité de Garantías imponiendo las sanciones disciplinarias de expulsión de estas personas», reza el comunicado.