Las agresiones a los trabajadores de los centros de la Junta crecen un 44% en el último año

«En residencias, centros de menores, unidades sociosanitarias o de educación especial, la violencia se ha convertido en una amenaza cotidiana, porque las agresiones, amenazas e insultos contra el personal no son hechos aislados, sino un problema estructural que se agrava con la falta de medios, de formación y de compromiso institucional», manifiesta la central.

Según sus datos, en 2022 se registraron 117 agresiones y amenazas a trabajadores. En 2023 la cifra descendió a 54, «pero ese descenso fue meramente temporal, porque en 2024 las agresiones volvieron a dispararse hasta alcanzar los 78 casos, lo que supone un incremento del 44% respecto al año anterior».

USO pone de manifiesto que detrás de cada número hay una persona y que la inmensa mayoría de las agredidas son mujeres: «Casi el 90% de las víctimas son trabajadoras del ámbito sanitario, sociosanitario o educativo que realizan tareas de atención directa».

Más del 70% son personal temporal, «lo que añade una capa de vulnerabilidad e incertidumbre a su día a día», y las categorías más afectadas son las auxiliares de Enfermería y las ATE-cuidadoras, seguidas de los técnicos de Educación Infantil y otros profesionales de atención directa.

«Su trabajo consiste en acompañar, cuidar y asistir, pero se ven expuestas a insultos, empujones, arañazos o incluso golpes por parte de usuarios en situaciones de crisis, en centros que no cuentan con los recursos humanos ni los protocolos adecuados para prevenirlo», resalta USO.

La central denuncia que el problema no es solo la violencia que se sufre, sino la falta de respuesta efectiva. «En demasiados casos, las agresiones no se comunican al Servicio de Prevención ni se registran oficialmente. Quedan recogidas de forma interna en los libros de incidencias de los centros, sin que esa información llegue a los organismos responsables de garantizar la seguridad laboral», lo que supone a juicio de USO que «la magnitud real del problema probablemente sea mucho mayor que la que reflejan las estadísticas».

Las causas de esta realidad, «plantillas insuficientes, falta de personal de seguridad, deficiencias en la formación para la gestión de situaciones conflictivas y ausencia de protocolos claros», que se traduce en un «clima de inseguridad que se agrava en los centros con usuarios que presentan deterioro cognitivo, conductas agresivas o necesidades de atención especializada».

Pero las quejas no son solo sindicales. USO recuerda que la Inspección de Trabajo ha confirmado los graves déficits del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura y ha puesto que faltan al menos 21 técnicos especialistas para atender adecuadamente la prevención en una plantilla de más de 40.000 empleados públicos.

«El pasado mayo la Junta anunció públicamente un refuerzo de este servicio, pero las promesas, una vez más, se han quedado en papel mojado», resume Luis Manuel Gil. «La Administración no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los incidentes se multiplican», reclama.

Ante esta situación, USO ha puesto en marcha la campaña 'STOP Agresiones' con el doble objetivo de visibilizar la violencia que sufren los trabajadores de los centros de 24 horas y exigir medidas concretas que garanticen su protección, ha anunciado el coordinador autonómico en una rueda de prensa junto con Ana Avilés, responsable de Salud Laboral del sindicato.

La central pide la actualización de las evaluaciones de riesgos, la inclusión del complemento de peligrosidad para los puestos con exposición acreditada, la elaboración de un reglamento de funcionamiento para los centros de atención continuada y la puesta en marcha de un protocolo de apoyo psicológico y jurídico inmediato a las víctimas de las agresiones.

«Cada agresión es un fracaso de la Administración. No pedimos heroicidades, pedimos protección. Quienes cuidan y atienden a los demás merecen hacerlo en un entorno seguro, digno y respetuoso».