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Los expertos piden que la financiación autonómica tenga en cuenta la renta

Los expertos piden que la financiación autonómica tenga en cuenta la renta

La comisión formada por encargo de la Asamblea entrega un informe en el que rechaza que cada comunidad reciba según su capacidad fiscal

juan soriano

Jueves, 14 de julio 2016, 00:37

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Pedir que el reparto de fondos entre las regiones tenga en cuenta cuestiones como los niveles de renta y pobreza y rechazar que cada comunidad reciba en función de cuánto aporte. Son dos de los consejos que la Comisión de Expertos para el estudio de la financiación autonómica propone de cara a la negociación de un nuevo modelo.

Este grupo de trabajo se constituyó en marzo por encargo de la Asamblea para guiar a los grupos en la futura negociación. Está formado por Francisco Pedraja, catedrático de Economía de la Universidad de Extremadura (UEx); Beatriz Muñoz, socióloga; Clemente Checa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UEx; Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la UEx; Pilar Durán, jefa de servicio de Financiación Autonómica y Europea de la Junta; y Remigio Cordero, experto en financiación sanitaria. Esta semana han entregado sus conclusiones al Parlamento regional, que a su vez las trasladará al Gobierno autonómico.

El sistema actual se estructura en varios apartados. Las comunidades reciben una participación en los tributos cedidos (100% del Impuesto de Sucesiones, 50% del IVA y el IRPF, etc.). El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales pretende asegurar una financiación homogénea, para lo que se emplea el parámetro de población ajustada con criterios como grupos de edad, número de habitantes, superficie y dispersión. El Fondo de Suficiencia aporta las cantidades que falten para prestar los servicios. Por último, los Fondos de Convergencia (Competitividad y Cooperación) pretenden compensar deficiencias.

Para el comité de expertos, la región debe mantener el nivel de financiación actual. Además, considera necesario que la Administración del Estado aumente su aportación, ya que estima que los gastos que asumen las comunidades no se corresponden con los ingresos que reciben para sostenerlos.

En cuanto al reparto, Francisco Pedraja, coordinador del comité, señala que una de las principales propuestas es que el concepto de población ajustada se aplique no sólo para los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), sino para todas las competencias transferidas (transporte, medio ambiente, etc.), donde cuestiones como la superficie y la densidad pueden tener aún más peso. De esta forma, además, se podría contar con un único parámetro que permita evaluar todo el modelo.

Además, el grupo considera que en el reparto del Fondo de Garantía debería tener más peso la dispersión geográfica (en la actualidad representa el 0,6%), fundamental en la gestión sanitaria. Pero también propone que se tenga en cuenta el nivel de renta, que determina una mayor demanda de servicios públicos (en regiones más ricas hay más seguros privados, colegios de pago, etc.), y la población en riesgo de exclusión, que supone más trabajo para los servicios sociales.

Fomentar la solidaridad

Además de defender un mejor reparto, la Comisión de Expertos reclama que se combata el principio de ordinalidad, que plantea que cada comunidad reciba en función de lo que aporte. Esto perjudicaría a Extremadura, que está a la cola en capacidad de generar ingresos.

Esto se traduce en una defensa del principio de solidaridad, que implica que Navarra y País Vasco, que en la actualidad cuentan con un modelo aparte, se integren en el sistema común y aumenten su aportación. Los expertos apuntan que técnicamente es viable, aunque reconocen que políticamente es difícil.

También piden más lealtad institucional por parte de la Administración del Estado con comunidades como Extremadura, que ha visto cómo el Gobierno ha creado un tributo a entidades de crédito a tipo cero para solapar el impuesto bancario regional.

Asimismo, reclama una revisión del Fondo de Compensación Interterritorial. Este mecanismo nació para beneficiar a comunidades con menor desarrollo. Pero, como destaca Pedraja, en los dos últimos años Extremadura ha recibido menos de 27 millones de euros por ejercicio (en 2016 la asignación asciende a 25,2 millones). Esto se debe a que su cuantía se vincula a la inversión pública, lo que implica que en épocas de crisis caiga su dotación.

Además, propone que este fondo se pueda destinar a iniciativas ligadas a financiación comunitaria. Extremadura recibe más dinero por ser la única región con una renta por debajo del 75% de la media europea. Pero esto implica que tenga que hacer más esfuerzo para aportar con fondos propios la parte que corresponde de cofinanciación, lo que se considera un contrasentido.

El grupo reclama que se tenga en cuenta el nivel de pobreza para financiar los servicios sociales.

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