El 10% de las plazas para empleo público será para discapacitados

La nueva ley de Función Pública contempla esta reserva y de no cubrirse, se acumularían para futuras convocatorias

EUROPA PRESS

La nueva ley de Función Pública de Extremadura, que se encuentra en tramitación en sede parlamentaria, contempla una reserva mínima del diez por ciento de las plazas para empleo público que se convoquen desde la Administración regional para personas con discapacidad y, de este porcentaje, un dos por ciento se destinará a discapacitados intelectuales.

Además, en caso de no cubrirse las plazas, «se acumularán en reserva para futuras convocatorias».

Así lo indicó ayer la directora general autonómica de Función Pública, Verónica Puente, quien destacó los avances en el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en esta legislatura, así como la ampliación del mínimo de reserva de plazas para este colectivo hasta el diez por ciento en «todas» las OPE.

Según dijo, se trata de un compromiso que adquirirá rango de ley con su incorporación al proyecto de Ley de Función Pública.

Puente, que presidió el acto de presentación del informe Empleo Público y Discapacidad, realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Badajoz (Cocemfe), señaló también que «la integración y el apoyo» a las personas con discapacidad es uno de los compromisos más firmes de la Junta de Extremadura.

En este sentido, recordó que en 2012, el Ejecutivo extremeño elevó el mínimo de plazas reservadas para este colectivo «hasta el diez por ciento». «Un compromiso que se ha plasmado en las ofertas de empleo aprobadas desde entonces», aseguró.

Obstáculos

También incidió en que Extremadura es pionera en este ámbito, así como que en el nuevo texto no solo figura la reserva mínima del diez por ciento, sino que además se indica que «al menos el 2 por ciento será para personas con discapacidad intelectual», detalló.

«No olvidemos que el empleo público puede ser una de las opciones más relevantes para que una persona con discapacidad acceda a un puesto de trabajo», resaltó.

En esta línea, aseguró que «el deseo» del Ejecutivo autonómico es «ir más allá y para ello es necesario conocer más en profundidad los obstáculos con los que se encuentran estas personas a la hora de acceder a las plazas reservadas, para poder removerlos cuanto antes», dijo Verónica Puente. Algo que también está incluido en la Ley de Función Pública y que alude la necesaria cooperación con las entidades que promuevan «la integración de estas personas a todos los niveles».

De ahí que apuntara como «muy positivos» estudios como los realizados por Cocemfe Badajoz, ya que permiten, según la directora general, «hacer una radiografía de los problemas con los que se encuentran las personas con discapacidad y adoptar desde la Administración las medidas necesarias para resolverlos y que los procesos selectivos sean un éxito».