Economía familiar

El 'impuesto oculto' que cuesta miles de euros cada año a las familias españolas

¿Sabías que en España existe un 'impuesto oculto' que está encareciendo la vida de millones de familias sin que lo noten directamente? Así lo señala el Instituto Juan de Mariana en un informe en el que explican que la excesiva regulación y la burocracia no solo ralentizan la economía, sino que también suponen un coste anual de más de 4.000 euros por hogar. En su análisis revelan cómo las trabas normativas están frenando el crecimiento, dificultando el acceso a la vivienda, perjudicando al comercio y afectando a la innovación en España.

«De la misma forma que unos impuestos excesivamente altos minan el potencial recaudatorio al destruir actividad económica, el exceso de regulación tiene consecuencias negativas que golpean de forma directa el crecimiento y minan el bienestar de los ciudadanos», señala el informe, titulado 'La curva de Laffer regulatoria'.

Según el informe, España ha empeorado mucho en cuanto a la cantidad y dificultad de sus normas y regulaciones. En 2015, España tenía una puntuación de 26,11 en un índice que mide qué tan complicada es la regulación en cada país. Para 2022, esa puntuación bajó a 13,17, lo que significa que la regulación se volvió mucho más complicada o peor (un descenso del 50%). Además, si lo comparamos con otros 63 países (tanto desarrollados como en desarrollo), España pasó de estar en el puesto número 50 a estar casi al final, en el puesto 61. Eso significa que solo dos países tienen regulaciones más complicadas que España.

«El impuesto oculto de la regulación supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros, con un efecto equivalente a 1.470 euros por ciudadano o, lo que es lo mismo, 4.410 euros por hogar», apuntan. «Las trabas normativas y la burocracia conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la innovación y la generación de riqueza«, añaden.

La investigación ha probado que comunidades como Madrid o País Vasco apoyan su crecimiento económico en un marco regulatorio menos restrictivo, mientras que comunidades como Cataluña destacan como un territorio autonómico con mayor carga normativa.

El informe es contundente: se pierden mucho dinero y tiempo por las reglas y trámites complicados, pero no se ven como impuestos que pagamos al gobierno. Estas normas hacen que las empresas y personas tengan que hacer más papeleo, esperar más y hacer cosas repetidas, lo que encarece todo y hace que sea más difícil crear cosas nuevas o competir con otros países.

Y hay muchos ejemplos que afectan a la vida cotidiana, como por ejemplo señala el estudio:

- La complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas, tal y como analiza el informe.

- En nuestro país hay hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista.

- En los últimos años, las autoridades han puesto muchas normas que dificultan el crecimiento de nuevos negocios digitales y de economía colaborativa, aunque estos mejoran la competencia, la innovación y ofrecen más opciones que ayudan a mucha gente en su día a día.

- Las reglas impuestas han limitado las licencias de vehículos VTC (como Uber), y han puesto muchas normas que dificultan usar viviendas para turismo. Además, la Ley Rider, que regula el reparto a domicilio, ha tenido un efecto negativo, causando menos empleos, bajada de salarios y menos horas de trabajo.

- La nueva Ley del Medicamento ha recibido cerca de 400 alegaciones por su opacidad en precios y falta de competencia. Además, España tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos, lo que la sitúa como uno de los países más lentos de la UE.

- España ha aprobado seis veces más normas medioambientales que Francia, sin obtener mejores resultados: está por detrás en el índice de desempeño ambiental de Yale y emite más CO2 por habitante y por unidad de PIB.

En definitiva, la excesiva regulación y la burocracia en España están actuando como un 'impuesto oculto' que encarece la vida de las familias, frena la innovación y dificulta el crecimiento económico. Para avanzar y mejorar el bienestar de todos, es fundamental simplificar las normas, reducir trabas y fomentar un entorno más ágil y competitivo.

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