El rastro cacereño del dinero gastado por Álvarez Conde

El catedrático Enrique Álvarez Conde en una imagen tomada en Madrid. :: hoy/
El catedrático Enrique Álvarez Conde en una imagen tomada en Madrid. :: hoy

El acusado del 'caso máster' habría utilizado fondos universitarios en Cáceres, donde se ha casado su hija

REDACCIÓN

Las investigaciones sobre el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han llegado hasta Extremadura, en concreto hasta Cáceres, donde el pasado año contrajo matrimonio la hija del catedrático Enrique Álvarez Conde, principal acusado de lo que se conoce como 'caso máster', e investigado también por presunta malversación de caudales públicos. El irregular funcionamiento que se atribuye al IDP ya ha truncado la carrera política de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y de Carmen Montón, exministra de Sanidad, y mantiene bajo investigación los estudios del presidente del PP, Pablo Casado.

La relación de Álvarez Conde con la capital cacereña no es académica, sino familiar. Según las informaciones publicadas ayer por 'El País' y los pasados meses de junio y julio por el digital 'El Independiente', que han tenido acceso a la relación de gastos pagados con dinero del IDP, el catedrático se habría hospedado en el hotel V Centenario (donde abonó 652 euros), además de acudir en dos ocasiones al restaurante Atrio, con dos estrellas Michelin (una de las veces pagó 769 euros), y al también restaurante Eustaquio Blanco.

Estos gastos se habrían cargado a las cuentas del Instituto de Derecho Público, y en realidad son una muy pequeña parte de todos los pagos personales que habría hecho Álvarez Conde utilizando los fondos universitarios. Según 'El País', alcanzaron 50.000 euros en restaurantes, viajes y otros gastos en distintas ciudades.

A Cáceres el catedrático se desplazó en 2016 y también el pasado año, en el mes de julio, con motivo de la boda de su hija Andrea, que contrajo matrimonio en la ciudad con Jorge Martín-Javato, empleado como asesor financiero del Banco Mediolanum.

El nombre la entidad también ha salido a la luz porque un juzgado madrileño investiga por qué el Instituto de Derecho Público decidió invertir en cuatro fondos de inversión, tres de ellos de renta variable, lo que se considera un producto de riesgo.

Igualmente, se investigan las transferencias realizadas por el catedrático de Derechos Constitucional a su dos hijos, así como a su yerno, según consta en el sumario del caso que instruye el juez de Instrucción número 34 de Madrid citado por la cadena SER.

 

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