La quema de hachís en una incineradora de Casar de Cáceres genera una gran nube de humo negro

Pero los bomberos confirmaban que se trataba de una actividad regulada y que ellos no habían tenido que intervenir. En concreto, y tal como explicó después la Guardia Civil de Badajoz a este diario lo que se llevó a cabo en esta empresa fue la quema de un alijo de hachís por orden judicial de un juzgado de instrucción de Mérida. 400 kilos de marihuana procedentes de redes ilícitas fueron eliminados de esta forma controlada.

El motivo de la gran vaharada oscura que se produjo en la localidad cacereña, a tan solo ocho kilómetros de la capital, son los aceites provenientes del hachís, que es un producto obtenido del cannabis a partir de su resina o polen.

Hay diferentes empresas en España que dan este servicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y tanto Policía Nacional como Guardia Civil recurren a ellos. Antes de ser quemados los alijos puede reposar durante años almacenados en depósitos oficiales hasta que un juez autoriza su eliminación. Según informa la Policía Nacional de Extremadura en su caso se lleva a dependencias que están fuera de la región.

Uno de los objetivos del Ministerio del Interior es agilizar la destrucción de los alijos de droga aprehendida. Según publicó el diario El País tras el robo en 2012 de 290 kilos de cocaína de un depósito de Cádiz, se impulsó un protocolo para evitar la acumulación de miles de kilos de droga en dependencias oficiales. Por ello se sucedido las medidas para que los jueces autoricen la destrucción de la droga intervenida lo más rápido posible.

Según la Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que publicó el Ministerio del Interior en el año 2017 siempre que sea posible la destrucción del alijo intervenido debe producirse al inicio mismo del procedimiento, conservando solo las muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones.

De esta forma el órgano judicial podrá acordar la destrucción del alijo intervenido en los primeros momentos de la instrucción, en cuanto le sea solicitado por las fuerzas de seguridad, así como la vigilancia aduanera en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, ordenando que «se conserven únicamente las muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones», que corresponderán con las cantidades mínimas necesarias para la realización de contraanálisis.

Las fuerzas de seguridad del Estado son las encargadas de establecer una custodia para trasladar las sustancias y el encargado depósito podrá acondicionarlas como bultos precintados y numerados. Por motivos operativos, explica el Ministerio del Interior, la unidad responsable del transporte puede ser diferente de la responsable de la destrucción. Una vez destruida la droga, se levantará un 'acta de destrucción' que será firmada por los asistentes.