El nuevo año judicial traerá a Cáceres dos vistas con jurado por la muerte de dos jóvenes

El primero está señalado para los días 2, 3 y 4 de octubre. Puede que dure algún día más, según se vaya desarrollando la toma de declaraciones, y el tiempo que tarden los miembros del tribunal en emitir su veredicto. Es el juicio por el crimen de Logrosán cometido en la madrugada del 2 de noviembre de 2019.

Se acusa a una madre de 41 años, Yolanda G.G., y a su hijo Juan J.G., de 22 años, de matar a un vecino de Logrosán de 32 años, mecánico de profesión.

El juicio se iba a celebrar el pasado mes de mayo, pero se tuvo que posponer por la huelga de funcionarios de Justicia.

Madre e hijo ingresaron en prisión después del crimen, pero la madre salió en libertad en abril de 2021 tras pagar una fianza de 6.000 euros, y después salió su hijo. La madre ha estado 14 meses en prisión preventiva, y el hijo 25 meses. Durante la huelga de funcionarios se celebraban los juicios con presos, pero al estar los dos libres se tuvo que aplazar.

Según el escrito de la fiscalía, a las tres y media de la madrugada del 2 de noviembre de 2019 la madre y el hijo estaban en el bar Capitol de Logrosán, que regentaba el hijo. Él recibió la llamada de un amigo que aseguraba que se acababa de encontrar cerca del bar a O. G.G. (la víctima), y que le confesó que había avisado a la Guardia Civil de que en el bar Capitol se vendía droga.

El hijo se lo dijo a la madre y los dos decidieron ir a buscar a quien les había acusado. Lo encontraron muy cerca del bar, notando que estaba afectado por el consumo de alcohol, cocaína y cánnabis. El fiscal asegura que aprovecharon su estado para matarle con una navaja que llevaba el hijo en una riñonera. La madre sujetó a la víctima y el hijo le dio dos puñaladas: en el tórax y el hombro izquierdo.

La víctima anduvo unos metros hasta que se derrumbó en el suelo, donde murió. El arma del crimen no ha podido ser hallada.

La madre del fallecido declaró que unos días antes, el acusado le había enseñado unas balas diciendo que eran para su hijo. Tras ser detenido, reconoció que él le había matado.

Madre e hijo son acusados de asesinato con alevosía. El fiscal pide para cada uno de ellos 22 años de prisión, y el acusador particular, el abogado Emilio Cortés, 25 años de prisión para cada uno.

Los acusadores público y privado, piden en sus escritos de acusación, que indemnice a los padres del fallecido con 240.000 euros y a la hermana de la víctima con 50.000 euros.

El otro juicio con tribunal de jurado, que se celebrará próximamente, es el del crimen cometido en Miajadas el 2 de diciembre de 2021.

Quien se sentará en el banquillo será el joven Pablo R.S., para el que el fiscal tiene previsto pedir 19 años de cárcel, al encontrarle culpable de un delito de asesinato. El abogado defensor solicitará su libre absolución al señalar que no quiso matarle, y que actuó en legítima defensa.

Según la acusación y la defensa, Pablo y el fallecido, José Antonio S.C., de 29 años, habían sido amigos, pero unas semanas antes del crimen se llevaban mal, ya que José Antonio le exigía a Pablo que le diera 50 euros que aseguraba que le debía. Quería el dinero porque el 3 de diciembre de 2021 ingresaba en prisión, y el día anterior, a las nueve de la noche, José Antonio fue con otro amigo al bar de los padres de Pablo. No le vieron y a las nueve y cuarto fueron a su casa, de donde él no salió al verles, llamando a la Guardia Civil.

Cuando llegaron los agentes, José Antonio y el amigo se habían ido. Pablo les dijo que le habían amenazado. Según el relato del fiscal los guardias le indicaron que tenía que denunciar, pero él no quiso, pronunciando esta frase ante los agentes: «Si no vais a hacer nada, tendré que pegarle dos puñaladas y así acabar con todo».

Pablo recibió una llamada de José Antonio, que le dijo que le esperaba en el bar del padre. Entonces Pablo cogió un cuchillo de la cocina y fue al bar. Al llegar se enfrentaron. Pablo sacó el cuchillo que llevaba en un bolsillo trasero del pantalón y se lo clavó en el estómago, volviendo a esconder el arma. Fue tan rápido que ninguna de las personas que estaban allí vieron la cuchillada. La gente separó a los dos. José Antonio comenzó entonces a echar espuma por la boca y a convulsionar en el suelo. Murió a los pocos minutos.

Por otra pare, en septiembre se retomará el juicio que comenzó el pasado 28 de junio en la Audiencia de Cáceres, en el que se sentaron en el banquillo cuatro empresarios de Cáceres. Se les acusa de quedarse con 7,7 millones de la sociedad de la que formaban parte, perjudicando a cuatro socios.

Según los escritos de acusaciones, los cuatro eran accionistas de Promociones Almonte 2000 y, con un quinto que ha fallecido, ejecutaron un plan para apropiarse de todo el patrimonio, invirtiéndolo en Benarraba de Inversiones Sicav (posteriormente Cartera Inmobiliaria Occidental). Para ello privaron a los otros socios de Promociones Almonte 2000 de sus derechos sociales. Según las acusaciones, se apropiaron del patrimonio al comprar, por importe muy superior al valor del mercado, bienes vinculados a ellos o a sus familiares.

Después de la actuación de los acusados, tanto Promociones Almonte 2000 como Cartera Inmobiliaria Occidental tuvieron tal tasa de endeudamiento que fueron declaradas en concurso de acreedores.

El fiscal pide para dos de los procesados 7 años de cárcel, para un tercero 2 años y 11 meses de cárcel, y para un cuarto 2 años y 5 meses, además de multas desde 6.000 a 63.000 euros. S e suma a estas penas el devolver 7.706.000 euros que les reclaman.