Hosteleros de la Plaza Mayor de Cáceres se exponen a sanciones y cierres por la salida de humos

«Han supervisado todo y me han puesto una serie de condiciones que de momento ya me han supuesto pagar más de mil euros en arreglos», detalla un hostelero cuyo restaurante es uno de los más populares de la zona. Prefiere no dar a conocer su identidad. No es el único . En otro de los expedientes, el Servicio Técnico de Urbanismo emite un informe que se deriva a Sanciones y Disciplina de Actividades y en el que se pone de manifiesto que «los filtros instalados de grasa y aceite, de partículas G4 y de carbón activo, no llegan a desodorizar con un rendimiento superior al 95 por ciento».

Reseñan los técnicos del Consistorio que no se filtran adecuadamente partículas de menor tamaño. No se produce una adecuada eliminación de olores. El contrato de mantenimiento de ese establecimiento fija un cambio de filtros cada tres meses, pero para el Ayuntamiento es una «periodicidad insuficiente». Se expone a un cierre del negocio si no corrige esas deficiencias.

Cumplir con la normativa sobre la salida de humos se lleva así al máximo rigor. Las sanciones son cuantiosas. Las reformas no se quedan atrás. «He recibido la inspección y no he tenido otro remedio que hacer cambios», relata otro afectado. «Esto es en la zona del Plan Especial. Han entrado a saco aquí, y no se dan cuenta de que si se pusieran con ese nivel de exigencia en todo Cáceres serían cientos de bares y restaurantes los que tendrían que multar», cuenta otro empresario. También le ha tocado sufrir un carrusel de inspecciones, requerimientos y la contratación de un arquitecto para las reformas.

El Ayuntamiento explica que la ley regional le atribuye «las competencias de inspección e intervención». Replica que no es una campaña específica en la Plaza, pero allí se están dando más casos. «Es algo común a todos los establecimientos de la ciudad, cuando se formulan denuncias o quejas vecinales se revisan las instalaciones y los contratos de mantenimiento», añade.

«Abrimos hace un año la churrería. Un día se presentó la Policía y subió a ver la instalación. El resultado es que hemos tenido que hacer obras para cumplir todo lo que se nos pedía. En total, más de seis mil euros», relata Eduardo Lucio Bustamante.

Este joven emprendedor cacereño no gana para sustos con la salida de humos. Cuando se estableció en la calle Ríos Verdes con la Churrería Plaza Mayor pensó que su reto para ganarse la vida sería poner cuantos más desayunos mejor. Se ha dado cuenta de que las trabas administrativas y legales pueden ser casi más duras que un día sin clientes. «Tengo que vender muchos churros para pagar los gastos que nos exigen», sugiere. En el Ayuntamiento se admite que admite que a veces «esa subsanación conlleva un coste importante».

Disciplina Urbanística recoge una denuncia por «olores y molestias producidos por los humos que salen por la chimenea» de la churrería. Pero Eduardo Lucio apunta que tenía sus papeles en regla, que el proyecto de su negocio se aprobó con todos los requerimientos y pese a ello se ha visto obligado a acudir a un profesional para que elabore las modificaciones que le piden.

Su problema es parecido al que ya se ha trasladado a otros negocios de esa zona, la altura de la chimenea se considera insuficiente. La Policía Local ha aportado fotografías. «Se requieren unos filtros de partículas de tipo F9 que obtienen una eficacia superior al 95 por ciento», señalan los informes técnicos. Se añaden filtros de carbón activo en grano, además de puertas en la zona de cocina y de entrada cerradas, «para que los olores no salgan al exterior». «Si esto lo exigen a todos los bares , no queda ninguno abierto», resume un cliente.

En el caso de la churrería han sido mil euros de multa de entrada. Pero hay negocios de la Plaza Mayor que multiplican esa cantidad. Hay otros que ya han llegado al juzgado, como el de otro restaurante que recurrió la sanción municipal. Fue multado por una infracción grave del artículo 57. A de la Ley 7/2019 de espectáculos públicos. Las multas oscilan entre los 1.001 y los 30.000 euros según normativa.

Además de la reforma, los empresarios deben afrontar un contrato de mantenimiento. Solo la mano de obra y los desplazamientos son 197,23 euros al trimestre en algunos presupuestos.