El Gobierno deniega los primeros indultos a los hosteleros de Cáceres condenados por el ruido

Presentación en diciembre de 2018 de más de 12.000 firmas a favor del indulto a los hosteleros. :: l. c./
Presentación en diciembre de 2018 de más de 12.000 firmas a favor del indulto a los hosteleros. :: l. c.

El juzgado ha empezado a notificar las resoluciones del Consejo de Ministros a los afectados y al menos uno ha recibido la orden de ingreso en prisión

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSCáceres

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha empezado a notificar a los hosteleros condenados a penas de cárcel por el caso de los ruidos de La Madrila la denegación por parte del Gobierno de sus solicitudes de indulto. Las primeras resoluciones fueron emitidas por el Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto, y fue el jueves por la tarde cuando el juzgado cacereño inició las notificaciones a los afectados. Los abogados de al menos dos de los 11 hosteleros condenados ya las habían recibido ayer, y es previsible que el resto las tengan también en sus manos en los próximos días. Cada una de las solicitudes de indulto se analiza de manera individual.

El rechazo del Gobierno a conceder el perdón implica que la entrada en prisión de los hosteleros es inminente. Diez de ellos fueron condenados a dos años y tres meses de cárcel y uno a dos años y nueve meses. Al menos uno de los que ya han conocido oficialmente la denegación del indulto ha recibido también la ejecutoria para que ingrese en prisión en los próximos días. La abogada de otro de los hosteleros confirmó a HOY que también se le ha notificado ya la negativa del perdón, aunque de momento sin una fecha para que entre en la cárcel.

Aunque no todos los hosteleros tienen aún la confirmación oficial, diversos abogados del caso manifestaron ayer su certeza de que el resultado será el mismo para los once. «Quien no lo tenga hoy lo tendrá el lunes», afirmó uno de los letrados.

Las peticiones se analizan una a una, pero los abogados esperan el mismo resultado en todas

Entre los abogados que aún no disponían de la notificación a última hora de la tarde de ayer se encontraba Ángel Luis Aparicio, quien representa a cinco de los hosteleros condenados. «No entendemos la rapidez de la resolución sin que exista un Gobierno», afirmó, ya que han transcurrido apenas ocho meses desde que se presentaron las solicitudes de indulto, y la previsión que se manejaba era que se demorase al menos un año hasta la resolución del Consejo de Ministros, por lo que la negativa en estos momentos les ha cogido de sorpresa.

Plazo

Fuentes jurídicas indicaron ayer que, aunque son los abogados los que reciben del juzgado la notificación de la negativa del indulto, la orden ejecutoria de ingreso en prisión se le debe notificar personalmente al interesado, y es a partir de entonces cuando comienza a contar el plazo que se fija para que el condenado se presente en la cárcel de manera voluntaria. Por eso lo previsible es que no todos los hosteleros la reciban al mismo tiempo.

Tras la presentación de las solicitudes de indulto, entre diciembre de 2018 y enero de este año, el Juzgado de lo Penal número 2, con la opinión favorable de la Fiscalía, decidió aplazar la entrada en prisión hasta que el Gobierno se pronunciase. Desde que se conoció su condena a prisión los hosteleros han recabado numerosos apoyos entre la sociedad cacereña. En diciembre del año pasado se presentaron en el juzgado 12.327 firmas de personas que apoyaban la concesión del indulto.

La orden de entrada en la cárcel tiene que ser notificada en persona a cada condenado

Incluso las víctimas presentaron en enero en el juzgado un escrito en el que manifestaban que no se oponían al indulto siempre que se abonasen las indemnizaciones fijadas. «Esta acusación particular no se opone a la suspensión de las penas de prisión, en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando sean satisfechas, en su integridad, las indemnizaciones establecidas por sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, así como las multas y las costas devengadas en el procedimiento», rezaba el documento que entregó el abogado de la Asociación Cacereños Contra el Ruido y de 13 vecinos de La Madrila afectados por el ruido que procedía de locales nocturnos.

De hecho, los argumentos de los abogados para solicitar el indulto al Gobierno se basaban en que los condenados han asumido que cometieron el delito, han pedido perdón y han indemnizado a las víctimas, por lo que a su juicio concurrían circunstancias excepcionales, que sin embargo no han sido finalmente aceptadas por el Consejo de Ministros.