Cinco años de cárcel para empresarios cacereños que se llevaron millones de sus socios
Tienen que devolver un total de cuatro millones a Ángel Sánchez Cortés, GP Promoción del Suelo, Pedro Teomiro y a Dulces y Conservas Jarry
Casi cuatro meses después de que se iniciara, en la Audiencia Provincial de Cáceres, el juicio contra cuatro empresarios acusados de quedarse con siete ... millones de sus exsocios, ya hay sentencia del llamado caso Almonte.
En una sentencia de 105 folios, el tribunal encuentra a los cuatro acusados culpables de haber cometido un delito de apropiación indebida en concurso ideal con dos delitos societarios continuados. Hay tres que son condenados a la misma pena: cinco años y tres meses de cárcel y pagar una multa de 3.300 euros. Se trata de José Luis García García, Alfonso González Risco y Jorge Gómez Jiménez. El cuarto es el empresario Julio García García, sentenciado a cuatro años, nueve meses y un día de prisión y pagar una multa de 3.160 euros.
En materia de responsabilidad civil, los procesados indemnizaran conjunta y solidariamente a GP Promoción del Suelo SL con 1.307.736 euros; a Ángel Sánchez Cortés con 1.307.736 euros; a Pedro Teomiro Portillo con 1.190.809 euros, y a Dulces y Conservas Jarry SA con 116.926 euros. La sentencia puede ser recurrida en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Extremadura.
Según se explica en la extensa sentencia, los cuatro acusados, y un quinto que ha fallecido, engañaron a los otros cuatro socios para poder disponer de más de siete millones de euros de Promociones Almonte 2000 S.L.
Los acusados privaron a los otros socios de Promociones Almonte de sus derechos sociales, según explicó Raúl Fuentes, abogado de los perjudicados. El 10 de junio de 2013 cesaron a Promociones Almonte 2000 SL como consejera de Benarraba de Inversiones Sicav, sociedad en la que estaba invertido el patrimonio líquido de Promociones Almonte, con lo que definitivamente los otros socios quedaban al margen del control y gestión de Benarraba de Inversiones, que pasó a denominarse Cartera Inmobiliaria Occidental.
La manera de quedarse con el dinero de los engañados fue comprar, por importe muy superior al valor del mercado, bienes vinculados a ellos o a sus familiares. De este modo Cartera Inmobiliaria adquirió por 2.680.000 euros una finca en Badajoz que estaba tasada en 910.140 euros, finca que nunca había generado rendimiento alguno y que estaba gravada con una hipoteca de 1.234.000 euros.
También compró por 2.400.000 euros una finca de Cáceres, valorada en cerca de dos millones que se vendió libre de cargas, cuando estaba arrendada y estaba hipotecada como garantía de un préstamo de 800.000 euros. El arrendatario nunca pagó la renta al nuevo propietario sino que siguió pagando al antiguo.
Adquirió, además, otra finca por 1.200.000 euros en la playa de la Barrosa (Chiclana de la Frontera), que estaba carente de valor para la sociedad al no tener aprovechamiento urbanístico.
Con esas adquisiciones, los acusados consiguieron un beneficio económico y generaron el correlativo perjuicio a la sociedad Cartera Inmobiliaria Occidental SA y, por ende, a su único socio, Promociones Almonte 2000 SL y los socios de esta última entidad.
La suerte de Sánchez Cortés
Después de la actuación de los acusados, tanto Promociones Almonte 2000 como Cartera Inmobiliaria Occidental tuvieron tal tasa de endeudamiento que fueron declaradas en concurso de acreedores.
La sentencia señala que parte del plan contra los socios se frustró debido al empresario Ángel Sánchez Cortés. Los acusados habían cambiado las cerraduras de la sede social, y Sánchez Cortés, ignorando lo que estaban organizando, llamó a un cerrajero, abrió la puerta de la sede y, por azar, conoció que estaban tramando un proceso judicial para perjudicarles, avisando inmediatamente a los otros tres socios a los que querían engañar, e iniciaron actuaciones judiciales.
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